Para enmendar los artículos 221, 228 y 229 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar de ocho (8) a quince (15) años, la pena por la comisión de ciertos delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales.

Para enmendar los artículos 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12,13, 13A, 13B, 15, 16, 18 y 19 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, según enmendada, conocida como “Ley Antimonopolística de Puerto Rico”, a los fines de atemperar sus multas y penas con la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; aumentar la gravedad de ciertos delitos; actualizar ciertos términos; y para otros fines relacionados.

El P. de la C. 1231 enmienda la Ley Antimonopolística de Puerto Rico (Ley Núm. 77 de 1964) para actualizar multas y penas, alineándolas con el Código Penal vigente (Ley Núm. 146 de 2012). Modifica términos, actualiza referencias a leyes y agencias (como el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio en lugar de administraciones derogadas), y eleva la gravedad de ciertos delitos antimonopolísticos. Afecta a cualquier persona o corporación que viole las disposiciones de la ley, así como a la Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia en su rol de fiscalización.

Para crear la Ley para regular el manejo y acceso de información personal en posesión del gobierno para uso de procesos de inmigración, a los fines de prohibir la divulgación de información personal a agencias de inmigración federal para fines de investigación, detención y procesamiento migratorio sin autorización judicial, y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley para prohibir la divulgación de información personal a agencias de inmigración federal sin autorización judicial. Establece como política pública que ninguna agencia gubernamental de Puerto Rico podrá entregar o facilitar acceso a información personal de individuos a agencias federales de inmigración para fines de investigación, detención o procesamiento migratorio, a menos que exista una orden judicial válida emitida por un tribunal con jurisdicción competente. Afecta directamente a las agencias del gobierno de Puerto Rico que manejan información personal y, de manera indirecta, a todas las personas en la isla, especialmente a la comunidad inmigrante, al limitar la colaboración con entidades federales de inmigración.