PC 599

Para enmendar el inciso (b) 1 a la Sección 207 de la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como "Código Militar de Puerto Rico", a los fines de facultar al Gobernador o Gobernadora a ordenar la utilización de equipo, activos y personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico a dar poyo a oficiales del orden público en funciones dirigidas a seguridad preventiva en áreas de alta incidencia criminal; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

🤖 Resumen en lenguaje sencillo▾

Qué propone

La medida propone el Código Militar de Puerto Rico para facultar al Gobernador o Gobernadora a ordenar el uso de equipo, activos y personal de la Guardia Nacional de Puerto Rico en apoyo a oficiales del orden público. Específicamente, se autoriza su participación en funciones de seguridad preventiva en áreas de alta incidencia criminal y se permite concederles autoridad para efectuar arrestos, siempre que reciban entrenamiento del Negociado de Seguridad Pública. Esto expande las funciones de la Guardia Nacional más allá de desastres naturales o desórdenes públicos mayores, permitiendo su despliegue proactivo en la lucha contra el crimen.

Pros

•Amplía las capacidades de apoyo a las fuerzas del orden público, permitiendo la movilización de recursos de la Guardia Nacional para tareas de seguridad preventiva en zonas críticas, lo que podría aumentar la presencia estatal y disuadir la criminalidad.
•Formaliza la posibilidad de que la Guardia Nacional colabore en la seguridad preventiva y el control de narcotráfico, situaciones que la exposición de motivos menciona como justificante para expandir la facultad del Gobernador.
•Establece un requisito de entrenamiento por parte del Negociado de Seguridad Pública para el personal de la Guardia Nacional que vaya a efectuar arrestos, buscando asegurar que dicho personal cuente con la preparación adecuada para ejercer esa autoridad.

Contras

•La facultad de conceder autoridad para efectuar arrestos a personal de la Guardia Nacional, aunque condicionada a entrenamiento, representa una expansión significativa de sus roles civiles y podría diluir la distinción entre funciones militares y policiales, generando potenciales conflictos de competencia o interpretación de autoridad.
•El texto no detalla los criterios específicos ni los límites para determinar qué constituye 'áreas de alta incidencia criminal' o cuándo la 'seguridad preventiva' justifica la intervención de la Guardia Nacional, lo que podría dar lugar a una discrecionalidad amplia en su despliegue.
•Aunque se menciona 'apoyo a oficiales del orden público', la medida no especifica cómo se coordinará la cadena de mando y responsabilidad operativa entre la Guardia Nacional y las agencias de orden público locales, lo que podría crear ambigüedades en situaciones de alta tensión o emergencia.

Intereses en juego

Beneficia a:: El Gobernador o Gobernadora, al obtener una nueva herramienta para desplegar la Guardia Nacional en apoyo a la seguridad pública y el orden, y las agencias de orden público, que recibirían asistencia adicional en áreas de alta criminalidad.
Preocupa a:: La ciudadanía en general, por la potencial expansión de la presencia militar en funciones de seguridad civil y la dilución de roles; y las agencias de orden público locales, por posibles conflictos de jurisdicción o coordinación.
Quién paga o decide:: El Gobernador o Gobernadora decide la implementación. El costo de nómina y operación del personal de la Guardia Nacional asignado recaería en el presupuesto estatal o federal asignado a la Guardia Nacional de Puerto Rico.

📜 Perspectiva histórica

. Esta medida se inscribe en el debate sobre la seguridad pública y la lucha contra el crimen en Puerto Rico, un tema que ha estado marcado por la reforma de la Policía bajo supervisión federal, los escándalos de corrupción y la reestructuración del aparato de seguridad estatal. La propuesta de usar la Guardia Nacional para seguridad preventiva en zonas de alta criminalidad refleja la búsqueda de soluciones a la persistente preocupación ciudadana por la seguridad, a pesar de la reducción de delitos violentos en los últimos años.

En qué va

La medida, P. de la C. 599, fue el 5 de mayo de 2025 y apareció en Primera Lectura de la Cámara el 8 de mayo de 2025, siendo referida a las Comisiones de Gobierno y de Seguridad Pública. Posteriormente, fue por su autor el 29 de mayo de 2025.

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Trámite legislativo

Última acción · 29 de mayo de 2025

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