Para establecer la la “Ley para Uniformar los Incentivos Provistos en Puestos de Difícil Reclutamiento por Motivos Geográficos”; a los fines de que los incentivos provistos por las diversas agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico en puestos de difícil reclutamiento por motivos geográficos sean uniformes para así poder garantizar un trato justo y equitativo a todos los empleados concernidos; asegurar que los residentes en dichos lugares reciban o tengan acceso a los servicios que ofrecen estos funcionarios públicos de manera idéntica a lo que es la norma en el resto de Puerto Rico; ordenar al Director de la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico y al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a que establezcan el curso de acción a tomar para asegurar el cumplimiento con el mandato de esta ley; todo impacto presupuestario con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico, en aras de recibir su autorización, conforme se requiere bajo la Ley PROMESA y para otros fines.
Medida·Cámara·Sesión 2025-2028
Recorrido
Radicada→En comisión→Aprobada→Ley
🤖 Resumen en lenguaje sencillo▾
Qué propone
Esta medida propone crear la "Ley para Uniformar los Incentivos Provistos en Puestos de Difícil Reclutamiento por Motivos Geográficos". Ordena al Director de la Oficina para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos y al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto a establecer un plan para que los incentivos ofrecidos por las agencias a empleados en puestos geográficamente difíciles sean uniformes. El objetivo es garantizar trato justo a los empleados y equidad en los servicios públicos para los residentes de estas áreas, con un plazo de implementación no mayor al año fiscal siguiente a su aprobación y previa autorización de la Junta de Supervisión Fiscal para el impacto presupuestario.
Pros
•Busca corregir la inequidad y disparidad en los incentivos que reciben los empleados públicos asignados a puestos en zonas geográficas de difícil acceso, promoviendo un trato más justo y equitativo.
•Aspira a mejorar la calidad y acceso a los servicios públicos en comunidades remotas o de difícil acceso, al facilitar el reclutamiento y retención de personal gubernamental en estas áreas.
•Establece un marco de acción claro para dos oficinas clave del gobierno (OATRH y OGP) para desarrollar e implementar una política uniforme, delegando la responsabilidad de crear el plan de acción.
•Reconoce la necesidad de coordinar con la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico para asegurar la viabilidad presupuestaria de los incentivos uniformados, conforme a las restricciones fiscales.
La medida delega la definición del 'curso de acción' y los detalles específicos de la uniformidad a las oficinas de OATRH y OGP, lo que podría resultar en una implementación que no aborde completamente las particularidades de cada puesto o región, o que dependa de la voluntad y recursos de estas agencias.
•Aunque se ordena coordinar con la Junta de Supervisión Fiscal, la autorización final de cualquier impacto presupuestario recae en dicha Junta, lo que introduce una dependencia externa y potencial retraso o limitación en la efectividad de la ley si no se aprueba el financiamiento.
•El texto no especifica criterios claros o un proceso de evaluación para determinar qué puestos califican como de 'difícil reclutamiento por motivos geográficos', dejando esta definición a la discreción de las agencias y las oficinas ejecutoras, lo que podría generar futuras disputas o inconsistencias.
Intereses en juego
Beneficia a:
Empleados públicos que trabajan o podrían trabajar en puestos geográficamente difíciles, y los residentes de comunidades remotas o de difícil acceso que dependen de los servicios públicos.
Preocupa a:
Las agencias que actualmente ofrecen incentivos más altos y que podrían ver reducidos sus presupuestos o su capacidad de atraer personal específico si los incentivos se uniforman a un nivel menor; la Junta de Supervisión Fiscal, que deberá evaluar y autorizar los costos asociados.
Quién paga o decide:
El costo de los incentivos uniformados sería asumido por las agencias gubernamentales correspondientes, sujeto a la aprobación presupuestaria de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico. Las decisiones de implementación recaen en los directores de OATRH y OGP.
En qué va
Este Proyecto de Cámara (PC 646) fue el 12 de mayo de 2025 y referido a las Comisiones de Trabajo y Asuntos Laborales; y de Hacienda de la Cámara de Representantes el 15 de mayo de 2025, tras aparecer en Primera Lectura.
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