Para establecer la “Ley para Fortalecer el Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables”; enmendar el Artículo 18 de la Ley Núm. 150-1996, según enmendada, mejor conocida como la “Ley del Derecho a la Salud en Puerto Rico”; enmendar el inciso (b) del Artículo 11 de la Ley Núm. 465 de 15 de mayo de 1947, según enmendada; enmendar el inciso (8) y añadir un nuevo inciso (9) al Artículo 3.15 de la Ley Núm. 81-2019, según enmendada, mejor conocida como la “Ley de la Comisión de Juegos de Puerto Rico; a los fines de”, a los fines de dotar al Fondo para Servicios contra Enfermedades Catastróficas Remediables de mayores recursos económicos para cumplir con sus responsabilidades en ley, ayudar a un segmento de la población que de otra manera se vería desprovista de medios para atender sus necesidades de salud y establecer un mecanismo para que cada dos (2) años se evalúe la necesidad de revisar la fórmula dispuesta en ley de como nutrir de recursos al Fondo de manera recurrente y para otros fines.

Para enmendar los Artículos 2, 3 y 4 de la Ley 7-2019, conocida como "Ley de Transparencia en el Precio de Medicamentos Recetados"; para atemperar la misma a la intención legislativa original; ordenar al Departamento de Asuntos del Consumidor a que recopile una muestra de los precios al detal de los cien (100) medicamentos recetados con más frecuencia, que se despachan en las farmacias autorizadas a operar en Puerto Rico cuyo valor al detal sobrepasen los cien (100) dólares; requerir que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) diseñen el formulario que será utilizado para que la información sea sometida; incluir en el Comité Interagencial a un farmacéutico licenciado, designado por el Colegio de Farmacéuticos de Puerto Rico; requerir al Comité el establecer las garantías de confidencialidad para el manejo de la información recibida de parte de las farmacias; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 7-2019 para aumentar la transparencia en los precios de medicamentos recetados. Ordena al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) recopilar datos sobre los 100 medicamentos recetados más frecuentes con precios al detal superiores a $100. DACO y PRITS diseñarán un formulario para esta recopilación, y se añade un farmacéutico licenciado al Comité Interagencial, que deberá establecer garantías de confidencialidad para la información de las farmacias.

Para crear la “Ley de Apoyo Financiero Permanente a SER de Puerto Rico y a la Sociedad Pro Hospital del Niño”, con el propósito de proveer para una asignación mínima de fondos recurrentes y permanentes, a las antes mencionadas instituciones sin fines de lucro, para que estas puedan ofrecer, ininterrumpidamente, sus servicios a niños, jóvenes y adultos, según corresponda; y para otros fines relacionados.

La medida propone crear la Ley de Apoyo Financiero Permanente a SER de Puerto Rico y a la Sociedad Pro Hospital del Niño. Establece una asignación mínima de fondos recurrentes y permanentes para estas dos organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es garantizar la continuidad ininterrumpida de sus servicios de rehabilitación, educación y salud pediátrica a niños, jóvenes y adultos, con un enfoque particular en poblaciones de bajos recursos y con condiciones crónicas o severas.

Para establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre el acceso a medicamentos recetados para las poblaciones médico-indigentes; proteger la dispensación de ciertos medicamentos por parte de centros de atención médica; proporcionar definiciones; identificar ciertas acciones como discriminatorias con respecto a los medicamentos descontados por un programa federal y las entidades que los dispensan; establecer sanciones; y para otros fines relacionados.

Establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico para garantizar el acceso a medicamentos recetados a poblaciones médico-indigentes. Busca proteger la dispensación de medicamentos por parte de centros de atención médica que participan en el Programa Federal 340B, identificando ciertas prácticas como discriminatorias y proponiendo sanciones. Afecta directamente a pacientes de bajos ingresos, centros de salud elegibles al Programa 340B, aseguradoras, manejadores de beneficios de farmacia (PBMs), y agencias gubernamentales como ASES y el Departamento de Salud.