Para enmendar el Artículo 4-A, y crear un nuevo Artículo 4-B, en la Ley número 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de administración de documentos públicos de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

El Gobierno de Puerto Rico en su conjunto, al modernizar sus procesos de gestión documental, y potencialmente a la ciudadanía a través de un acceso más rápido a la información pública.

Preocupa a:

Las agencias gubernamentales y sus empleados, quienes enfrentarán la carga operativa y logística de cumplir con los plazos de digitalización y el inventario de documentos, especialmente si carecen de los recursos tecnológicos y humanos necesarios.

Quién paga o decide:

El costo de implementación recae en las agencias y poderes del Gobierno, financiados por fondos públicos. La decisión sobre los requisitos técnicos de almacenamiento digital recae en PRITS (o su sucesora), mientras que la interpretación de las excepciones para la retención física recae en los administradores de programas y jefes de dependencia.