Para enmendar los Artículos 1, 4, 15 y derogar los Artículos 3 y 4A y añadir unos nuevos Artículos 3 y 4A a la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada, conocida como “Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico”, a los fines de mejorar la gerencia tecnológica del gobierno con alcances estatutarios uniformes relacionados con la validez legal, la producción, reproducción, utilización, transmisión, recibo, emisión y conservación de los documentos públicos en formatos electrónicos y digitales; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

El gobierno en su conjunto, al buscar modernizar sus operaciones y reducir costos asociados al manejo de papel. También beneficia a la ciudadanía al potencialmente agilizar trámites y mejorar la eficiencia en la prestación de servicios.

Preocupa a:

Agencias o sectores gubernamentales que puedan tener resistencia al cambio tecnológico o que dependan de procesos basados en papel. También podría preocupar a aquellos que manejan documentos sensibles si los nuevos mecanismos de seguridad y conservación digital no son robustos.

Quién paga o decide:

La implementación de nuevas tecnologías y procesos requerirá inversión pública, cuyos fondos provendrían del presupuesto general del gobierno. La decisión final sobre la implementación y los procedimientos específicos recaería en las agencias gubernamentales, bajo la supervisión de las entidades encargadas de la administración de documentos públicos y tecnología.