Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”; enmendar la Sección 2 del Artículo IV y las Secciones 4 y 15 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, denominada “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 5, enmendar el inciso (b) del Artículo 8, enmendar el inciso (e) del Artículo 9, y añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 12 de la Ley 194-2000, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, denominada “Ley de Facilidades de Salud”, con el fin de reformar elementos esenciales del sistema de salud de Puerto Rico para extender protecciones y derechos adicionales a las personas con necesidades especiales en su interacción con las proveedoras de servicios de salud, las organizaciones de seguros de salud, y las agencias gubernamentales que reglamentan o canalizan dichos servicios; y para establecer otras disposiciones complementarias.

Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”; enmendar la Sección 2 del Artículo IV y las Secciones 4 y 15 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, denominada “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 5, enmendar el inciso (b) del Artículo 8, enmendar el inciso (e) del Artículo 9, y añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 12 de la Ley 194-2000, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, denominada “Ley de Facilidades de Salud”, con el fin de reformar elementos esenciales del sistema de salud de Puerto Rico para extender protecciones y derechos adicionales a las personas con necesidades especiales en su interacción con las proveedoras de servicios de salud, las organizaciones de seguros de salud, y las agencias gubernamentales que reglamentan o canalizan dichos servicios; y para establecer otras disposiciones complementarias.

El Proyecto del Senado 721 buscaba enmendar varias leyes clave del sistema de salud de Puerto Rico, incluyendo la Ley Orgánica del Departamento de Salud, la Ley de la Administración de Seguros de Salud, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, y la Ley de Facilidades de Salud. Su objetivo principal era extender protecciones y derechos adicionales a personas con necesidades especiales en su interacción con proveedores de salud, aseguradoras y agencias gubernamentales, reformando elementos esenciales del sistema para mejorar su acceso y experiencia.

Para enmendar el inciso (l) de la sección 3 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según emendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico a los menores de veintiún (21) años con discapacidades cognitivas complejas y postrados en cama; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 821 propone enmendar la Ley 72-1993, conocida como la Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico. Específicamente, busca incluir como beneficiarios del Plan de Salud del Gobierno de Puerto Rico a menores de veintiún (21) años que sean postrados en cama y presenten discapacidades cognitivas complejas. La medida busca ampliar la cobertura de salud para esta población vulnerable.

Para enmendar el inciso (3) de la Sección 18 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico” a fin de prohibir que algún proveedor participante o su agente establezca segregación de beneficiarios mediante la implantación de un protocolo de itinerarios y fechas para citas o consultas distinto para asegurados bajo planes privados, que limiten o reduzcan la prestación de servicios contratados a los beneficiarios del Plan de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para otros fines

La medida, Proyecto de la Cámara 780, propone enmendar el inciso (3) de la Sección 18 del Artículo VI de la Ley Núm. 72 de 1993 (Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico). Su objetivo es prohibir que proveedores de servicios de salud o sus agentes establezcan protocolos de citas o itinerarios distintos para asegurados de planes privados que limiten o reduzcan la prestación de servicios a beneficiarios del Plan de Salud del Estado Libre Asociado (PSL). Esto busca asegurar un acceso equitativo a los servicios de salud contratados para todos los beneficiarios, independientemente de su plan de seguro.

Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 5, y 6 de la Ley Núm. 139-2019, mejor conocida como la “Ley de Consentimiento por Representación para Tratamiento Médico No Urgente a Menores de Edad”, a los fines de establecer un marco jurídico que empodere a la juventud de Puerto Rico en lo que concierne a su salud física y mental, de manera que los menores que hayan cumplido dieciocho (18) años o más puedan recibir atención médica no urgente sin la compañía, o el consentimiento escrito directo o por representación de su padre o madre con patria potestad o tutor legal; disponer para la divulgación de lo aquí dispuesto; facultar al Departamento de Salud a imponer multas administrativas ante la violación del deber de divulgación; fijar penalidades ante el impago de las multas expedidas por el Departamento de Salud al amparo de esta Ley; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 384 busca enmendar la Ley Núm. 139-2019 para permitir que personas mayores de 18 años puedan recibir atención médica no urgente sin la compañía o consentimiento directo de sus padres o tutores legales. Faculta al Departamento de Salud a imponer multas administrativas por violaciones al deber de divulgación y fija penalidades por impago de estas multas. Afecta directamente a jóvenes entre 18 y 20 años, proveedores de servicios de salud y al Departamento de Salud.