Para enmendar los Artículos 130, 131, 132, 134 y 135 de la Ley Núm. 146 de 30 de julio de 2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar ciertas penas, imponer revocación indefinida de licencia de conducir, prohibir aplicación de concurso de delitos, requerir cumplimiento consecutivo de penas, mandar tratamiento bajo AMSSCA, imponer multas para fondo de Centros P.I.T.I., expedir órdenes de alejamiento, y prohibir sentencias suspendidas; y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

Las víctimas de delitos sexuales y relacionados, al endurecer las penas y añadir medidas de protección como órdenes de alejamiento. También se beneficia el fondo de Centros P.I.T.I. al recibir financiamiento.

Preocupa a:

Las personas convictas por los delitos cubiertos, quienes enfrentarían penas más severas y la eliminación de beneficios penológicos. Preocupa a agencias como AMSSCA por la carga operativa y la efectividad de tratamientos obligatorios sin base científica sólida. También genera preocupación por la vaguedad y posible arbitrariedad de algunas disposiciones, según el Departamento de la Familia.

Quién paga o decide:

El costo de nómina y operación para la implementación de tratamientos y otras medidas recaería en agencias como AMSSCA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Transportación y Obras Públicas, sin que el proyecto contemple asignación de recursos adicionales. La decisión final sobre la implementación recae en estos departamentos y AMSSCA, quienes deben adoptar regulaciones complementarias.