Para establecer la “Ley para Crear el Registro de Rescatistas de Animales de Puerto Rico”, instituir un Registro voluntario de rescatistas de animales; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Para crear la “Ley de Reglamentación y Fiscalización de Oficiales de Control de Animales e Investigadores de Crueldad” a los fines de establecer los requisitos de licenciamientos de los Oficiales de Control de Animales e Investigadores de Crueldad, (OCA/IC), adoptar las regulaciones concernientes al adiestramiento, funciones, técnicas y cualificaciones educativas para el licenciamiento de los OCA/IC, incluyendo, pero no limitando, un curso de estudios aprobado por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, la Academia de la Policía de Puerto Rico y en consulta con la organización Oficiales Investigadores de Crueldad de Animales (OCA/IC); y enmendar los Artículos 2, 3, y 4 del Capítulo I de la Ley 154-2008, según enmendada conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”; y para otros fines relacionado.

Esta medida crea la Ley de Reglamentación y Fiscalización de Oficiales de Control de Animales e Investigadores de Crueldad. Establece requisitos de licenciamiento, adiestramiento, funciones, técnicas y cualificaciones educativas para estos oficiales. Se enmiendan artículos de la Ley 154-2008 para definir y coordinar mejor la labor de estos oficiales con municipios y otras agencias. Afecta a quienes deseen ejercer como Oficiales de Control de Animales e Investigadores de Crueldad, así como a las agencias gubernamentales y municipios con responsabilidades en el bienestar animal.

Para crear un registro de personas convictas por violar las disposiciones de la Ley 154-2008, según enmendada, conocida como “Ley para el Bienestar y la Protección de los Animales”; establecer quiénes serán registrados en el mismo, sus deberes y obligaciones; proveer sobre la disponibilidad de la información; prohibir a personas convictas por maltrato de animales poder adquirir, criar, vender o adoptar animales; establecer las obligaciones de las personas o entidades que se dedican al cuidado, crianza o venta de animales; fijar penas; enmendar el segundo párrafo del Artículo 2A de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1949, según enmendada, que establece el sistema de libertad a prueba y el inciso (a) del Artículo 3 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974, según enmendada, que crea la Junta de Libertad Bajo Palabra, a fin de imponer como condición al beneficio de libertad a prueba y libertad bajo palabra el haber sido registrado según lo dispone esta Ley; y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley del Registro de Personas Convictas por Maltrato de Animales y verificación de historial delictivo. Establece un registro adscrito al Departamento de Justicia para personas declaradas culpables de violar la Ley 154-2008 (Ley de Bienestar y Protección de Animales), incluyendo delitos cometidos en otras jurisdicciones. Prohíbe a estas personas adquirir, criar, vender o adoptar animales, y les impone deberes de notificación y actualización de datos. También enmienda leyes de libertad a prueba y bajo palabra para incluir el registro como condición. Afecta directamente a personas convictas por maltrato animal, así como a entidades que manejan animales.

Para crear la “Ley del Registro Obligatorio de Caballos de Puerto Rico”, con el propósito de establecer un registro digital obligatorio de todos los caballos en Puerto Rico; disponer la implantación de un sistema de identificación mediante microchip; establecer un mecanismo uniforme para identificar la titularidad de caballos en caso de accidentes o incidentes en las vías públicas; facultar a la Oficina Estatal para el Control de Animales (OECA), adscrita al Departamento de Salud, a administrar dicho registro en colaboración con el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS); y para otros fines relacionados.

La medida crea la "Ley del Registro Obligatorio de Caballos de Puerto Rico", estableciendo un registro digital centralizado y obligatorio para todos los caballos en la isla. Requiere la implantación de un sistema de identificación mediante microchip para cada animal, cuyos costos serán asumidos por el propietario. El propósito es facilitar la identificación de la titularidad de caballos involucrados en accidentes en vías públicas, permitiendo a agencias como la Policía y el Departamento de Seguridad Pública acceder a la información para fines investigativos y administrativos.