Qué propone
La medida crea la Ley de Licencia de Armas Digital de Puerto Rico, autorizando al Departamento de Seguridad Pública a desarrollar una representación electrónica oficial de la licencia de armas. Esta licencia digital tendrá la misma validez legal que la física y podrá ser visualizada y verificada electrónicamente, similar a CESCO Digital, sirviendo como medio oficial de identificación ante las autoridades. El Departamento de Seguridad Pública tiene 180 días para adoptar la necesaria.
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Intereses en juego
En qué va
La medida, Proyecto del Senado 1148, fue el 19 de marzo de 2026 y referida a comisión tras su primera lectura en el Senado el 23 de marzo de 2026.
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Última acción · 23 de marzo de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar los Artículos 1.78, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.44 y los incisos (c) y (v) del Artículo 2.48 de la Ley 22-2000, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a emitir, mantener y validar digitalmente los permisos de vehículos de motor, arrastres y semiarrastres mediante la plataforma Cesco Digital u otra plataforma autorizada por el Departamento de Transportación y Obras Públicas; disponer que dichos permisos digitales tendrán la misma validez que los permisos físicos; y para otros fines relacionados.
Esta medida enmienda la Ley 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, para autorizar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) a emitir, mantener y validar digitalmente los permisos de vehículos de motor, arrastres y semiarrastres a través de la plataforma Cesco Digital u otra autorizada. Se dispone que estos permisos digitales tendrán la misma validez legal que los físicos. Afecta a todos los conductores y propietarios de vehículos en Puerto Rico que deben portar y presentar su permiso de vehículo.
Para enmendar los Artículos 3.13-A y 3.23 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", con el propósito de establecer que la licencia de conducir virtual sea válida como método de identificación en Puerto Rico, exceptuando aquellos casos en que, por Ley o reglamentación federal, se disponga de alguna forma o método de identificación contrario a este; y para otros fines relacionados.
La medida enmienda los Artículos 3.13-A y 3.23 de la Ley 22-2000 (Ley de Vehículos y Tránsito). Establece que la licencia de conducir virtual, accesible a través de la aplicación CESCO Digital, será válida como método de identificación en Puerto Rico para gestiones en sectores público y privado, y ante agentes del orden público. Se exceptúan casos de ley o reglamentación federal que dispongan lo contrario. La violación de llevar consigo la licencia virtual (o física) al conducir se penaliza con una multa administrativa de $50.
Para declarar una amnistía especial de sesenta (60) días para la entrega voluntaria de armas de fuego no registradas o con permisos vencidos en las comandancias policiales de Puerto Rico, eximiendo a los participantes de multas administrativas o procesos penales por incumplimientos pasados en el registro o renovación; y para otros fines relacionados.
La medida propone una amnistía especial de sesenta (60) días para la entrega voluntaria de armas de fuego no registradas o con permisos vencidos en las comandancias policiales. Durante este período, quienes entreguen estas armas quedarán exentos de multas administrativas o procesos penales por incumplimientos pasados en su registro o renovación, siempre que las armas no estén vinculadas a delitos en curso. El Superintendente de la Policía, con aprobación de la Gobernadora, podrá extender este plazo hasta treinta (30) días adicionales. Afecta directamente a ciudadanos que posean armas en estas condiciones y al Negociado de la Policía de Puerto Rico en su rol de recepción y administración.
“Para enmendar los Artículos 1.55 y 3.13 de la Ley 22 de 7 de enero de 2000, conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, según enmendada, a los fines de que se incluya la licencia de conducir virtual, como una identificación válida al momento de realizar alguna gestión en el sector público y privado, y se considere igualmente válida que la licencia de conducir física. Además, se pueda utilizar al momento de ser detenido por un agente del orden público, para validar que la persona tiene el permiso para conducir vehículos de motor y se puedan llevar a cabo los procesos ordinarios de igual forma que con la licencia física.”
La medida enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para incorporar la licencia de conducir virtual como una forma de identificación válida ante el sector público y privado, y para su uso al ser detenido por agentes del orden público. Esto aplica a todos los conductores que opten por la versión digital de su licencia, la cual se emitirá a través de la aplicación CESCO Digital o del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Para enmendar los Artículos 2, 3, 4, 6, 7, 10 y añadir los nuevos Artículos 7-A y 11-A de la Ley 40-2014, según enmedada, conocida como Ley de Ciberseguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el propósito de fortalecer el marco jurídico de ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico, reforzar la resiliencia digital y la continuidad de servicios esenciales, ampliar facultades regulatorias y establecer mecanismos de supervisión, notificación y financiamiento; y para otros fines relacionados.
La medida PS 1126 enmienda la Ley 40-2024 (Ley de Ciberseguridad) para fortalecer el marco jurídico de ciberseguridad del Gobierno de Puerto Rico. Amplía la aplicabilidad de la ley a operadores de infraestructura crítica y proveedores de servicios esenciales, independientemente de su relación contractual con el gobierno. Introduce la obligación de planes de continuidad y recuperación ante incidentes cibernéticos para agencias y operadores críticos, y crea un Fondo de Resiliencia Digital adscrito a PRITS. Afecta a todas las agencias públicas, corporaciones públicas, municipios, y a entidades privadas que provean servicios esenciales o manejen infraestructura crítica.
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