Para crear la “Ley para la Protección, Conservación y Restauración de las Praderas de Hierbas Marinas de Puerto Rico”; definir la política pública para la…

Contras

• •La prohibición de anclar o realizar otras actividades que puedan causar daño físico directo rige en las aguas jurisdiccionales, mientras el mapa inicial no tiene un plazo expreso de publicación y el reglamento debe identificar áreas que requieran protección especial. Antes de que la ubicación de las praderas esté claramente publicada y señalizada, navegantes y operadores pueden tener dificultades para saber dónde aplica la prohibición.
• •Las categorías de daño no cubren con claridad todos los casos: por ejemplo, daño moderado se define por hélices, arrastre o impactos en múltiples áreas, y daño severo por dragado, relleno o construcciones ilegales. Además, la obligación de monitoreo se activa para daños «graves», término que no está definido, aunque sí se define «severo». Esa falta de correspondencia puede generar disputas sobre la multa aplicable y sobre cuándo procede el monitoreo de tres a cinco años.
• •La disposición de cumplimiento alcanza a quien cause, permita o facilite directa o indirectamente una acción que resulte en daño, pero no especifica un requisito de intención, negligencia o grado de vínculo causal para imponer multas. Esa amplitud puede exponer a sanciones a personas o entidades cuyo grado de responsabilidad no esté delimitado con precisión en la propia ley.
• •La medida ordena monitoreo continuo, un mapa periódico, una base de datos pública y proyectos de restauración, pero no asigna una suma inicial al fondo ni garantiza ingresos recurrentes. Como el fondo solo puede nutrirse de fuentes futuras y el DRNA debe identificarlas y gestionarlas, la ejecución de esas obligaciones puede quedar condicionada a que consiga recursos.