Para enmendar la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; la Ley Núm. 33 de 13 de julio de 1978, según enmendada, conocida como “Ley Contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como “Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002”; y la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico", a los fines de fortalecer el régimen de prescripción aplicable a determinados delitos económicos y financieros; disponer el cómputo del término desde el descubrimiento del delito; establecer la suspensión de la prescripción por encubrimiento activo; armonizar la prescripción de los delitos subyacentes al lavado de dinero y al crimen organizado; establecer un tope absoluto de veinte (20) años para el ejercicio de la acción penal; disponer salvaguardas procesales compatibles con el debido proceso de ley; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Articulo 250 de la Ley 746-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de hacer mandatorio la imposición de la pena de restitución contra toda persona que resulte convicta por el delito de enriquecimiento ilicito; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 250 de la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico, para hacer mandatoria la imposición de la pena de restitución contra toda persona convicta por el delito de enriquecimiento ilícito, siempre que se haya obtenido el beneficio perseguido. Anteriormente, la imposición de esta pena de restitución era discrecional para el tribunal. La ley entraría en vigor inmediatamente tras su aprobación. Afecta directamente a funcionarios y empleados públicos, actuales y pasados, que cometan este delito.

“Para enmendar el Artículo 127-C (b)(1), eliminar el Artículo 127-C (b)(2) y renumerar el Artículo 127-C (b)(3) de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de enmendar las cantidades monetarias y penas establecidas en los referidos artículos, y para otros fines relacionados.”

Esta medida enmienda el Código Penal de Puerto Rico (Ley Núm. 146-2012) al modificar el Artículo 127-C (b)(1) y eliminar el Artículo 127-C (b)(2), renumerando el subsiguiente. El propósito principal es ajustar las cantidades monetarias y las penas asociadas a delitos específicos cubiertos por estos artículos. Esto afectaría directamente a personas acusadas o convictas bajo estas disposiciones, así como al sistema de justicia penal en la aplicación de sentencias y multas.

Para crear el “Programa de Desvío para la Reeducación en Casos de Explotación Financiera que constituyan delito grave cometido por familiares de personas de edad avanzada o incapacitados” a los fines de establecer un programa de reeducación para aquellas personas que se declaren culpable o convicto que fueren del Artículo 127-C de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” y tengan un vínculo de consanguinidad o afinidad con la víctima, para autorizar la expedición automática de orden de protección en estos casos; para enmendar el Artículo 127-C (b)(2) de la Ley 146-2012, según emendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.

Crear el "Programa de Desvío para la Reeducación en Casos de Explotación Financiera que constituyan delito grave cometido por familiares de personas de edad avanzada o incapacitados". Establece un programa de desvío y reeducación para personas declaradas culpables de explotación financiera contra adultos mayores o incapacitados, siempre que exista un vínculo familiar con la víctima. Autoriza la expedición automática de órdenes de protección en estos casos. Crea una Comisión Ejecutiva Interagencial para reglamentar, licenciar y supervisar dichos programas.