Para añadir un nuevo inciso (b) al Artículo 87 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico"; renumerar los actuales incisos (b), (c), (d) y (e), como incisos (c), (d), (e) y (f), respectivamente, a los fines de establecer el periodo de prescripción de diez (10) años en delitos de apropiación ilegal agravada, fraude y lavado de dinero cuando la cuantía de tales actos ascienda a quinientos mil dólares ($500,000) o más; enmendar los Artículos 9.05 y 9.06 de la Ley Núm. 255-2002, según enmendada, conocida como "Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 2002"; y enmendar el Artículo 409 de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, según enmendada, conocida como "Ley Uniforme de Valores", a los fines de establecer un período prescriptivo de diez (10) años en los delitos y penalidades tipificados en estas Leyes; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (3) al Artículo 127-C, enmendar los incisos (b) (1) y (b) (2) de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, y renumerar el actual inciso (b) (3), como inciso (b) (4), a los fines de disminuir la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble requerida para la configuración de delito menos grave y grave en casos de explotación financiera de personas de edad avanzada; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda el Artículo 127-C del Código Penal de Puerto Rico para reducir significativamente las cantidades monetarias o de propiedad que definen la gravedad de la explotación financiera de adultos mayores y personas con impedimentos. Anteriormente, un delito menos grave era hasta $2,500 y un delito grave era más de $2,500. Ahora, un delito menos grave será hasta $500 y un delito grave será mayor de $500. Además, introduce penas de reclusión fijas: tres (3) años para delitos entre $500 y $10,000, y ocho (8) años para delitos mayores de $10,000. Afecta directamente a los perpetradores de estos delitos y a las víctimas, que ahora tendrán un umbral de daño menor para que se configure un delito penal grave.

“Para enmendar los artículos 221, 228 y 229 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aumentar de ocho (8) a quince (15) años, la pena por la comisión de ciertos delitos contra la seguridad en las transacciones comerciales.”

La medida propone enmendar los artículos 221, 228 y 229 de la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico, para aumentar la pena máxima de reclusión por delitos de lavado de dinero, uso ilegal de tarjetas de crédito/débito y uso de aparatos de escaneo o lectura de información de tarjetas, de ocho (8) a quince (15) años. El objetivo declarado es fortalecer la disuasión contra fraudes cibernéticos y proteger la seguridad de las transacciones comerciales.

Para enmendar los incisos (b) y (d) del Artículo 87 de la Ley Número 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de aclarar en cuanto a la disposición de la prescripción del delito de homicidio; vigencia y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar el Artículo 87 del Código Penal de Puerto Rico para aclarar los plazos de prescripción de los delitos de homicidio. Específicamente, establece que el homicidio negligente en su modalidad de delito menos grave prescribirá en un (1) año, mientras que el homicidio negligente en sus modalidades de delito grave (incluyendo los vehiculares) prescribirá en diez (10) años. Esto busca resolver una ambigüedad legal sobre cuándo expira la acción penal para estos delitos.