“Para añadir los nuevos Artículos 9-A y 9-B a la Ley Núm. 194-2000, según enmendada, conocida como la “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; enmendar los Artículos 17 y 19 de dicha Ley; a los fines de reconocer y garantizar derechos específicos a pacientes con condiciones graves, avanzadas, terminales, incurables o irreversibles; establecer el derecho a información clara sobre diagnóstico, prognosis y alternativas clínicas; reconocer el derecho a cuidado paliativo temprano, manejo adecuado del dolor, hospicio, sedación paliativa cuando proceda, apoyo psicológico, apoyo social, apoyo espiritual o religioso si así se desea, segunda opinión médica, consulta de ética clínica, continuidad de cuidado y no abandono clínico; establecer deberes de planes médicos, aseguradoras, organizaciones de servicios de salud y proveedores en cuanto a autorización, coordinación y continuidad de servicios al final de la vida; disponer mecanismos de querellas y fiscalización; y para otros fines relacionados.”

Para añadir nuevos incisos (x), (y), (z), (aa), (bb), (cc) y (dd) al Artículo 2, añadir nuevos Artículos 10-A y 10-B y enmendar el Artículo 12 de la Ley 194-2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los fines de establecer derechos y obligaciones específicos relacionados con los tiempos de espera en servicios ambulatorios programados, la gestión razonable de agendas, la transparencia sobre atrasos, la reprogramación sin penalidad cuando medie incumplimiento del proveedor, la facultad para radicar querellas por incumplimiento; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar la Ley 194-2000, Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, para añadir derechos y obligaciones específicos sobre tiempos de espera en servicios ambulatorios programados. Establece plazos máximos de espera de 60 minutos (45 para pacientes priorizados) desde la hora de la cita, salvo justa causa documentada, y obliga a los proveedores a usar sistemas de gestión de citas y notificar atrasos. Afecta a pacientes que reciben servicios ambulatorios y a los proveedores de salud que los ofrecen en Puerto Rico.

Para enmendar el Artículo 12 de la Ley Núm. 81 de 14 de marzo de 1912, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Salud”; enmendar la Sección 2 del Artículo IV y las Secciones 4 y 15 del Artículo VI de la Ley 72-1993, según enmendada, denominada “Ley de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico”; añadir un nuevo inciso (e) al Artículo 5, enmendar el inciso (b) del Artículo 8, enmendar el inciso (e) del Artículo 9, y añadir un nuevo inciso (i) al Artículo 12 de la Ley 194-2000, según enmendada, denominada “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”; y añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 4 de la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, denominada “Ley de Facilidades de Salud”, con el fin de reformar elementos esenciales del sistema de salud de Puerto Rico para extender protecciones y derechos adicionales a las personas con necesidades especiales en su interacción con las proveedoras de servicios de salud, las organizaciones de seguros de salud, y las agencias gubernamentales que reglamentan o canalizan dichos servicios; y para establecer otras disposiciones complementarias.

El Proyecto del Senado 721 buscaba enmendar varias leyes clave del sistema de salud de Puerto Rico, incluyendo la Ley Orgánica del Departamento de Salud, la Ley de la Administración de Seguros de Salud, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente, y la Ley de Facilidades de Salud. Su objetivo principal era extender protecciones y derechos adicionales a personas con necesidades especiales en su interacción con proveedores de salud, aseguradoras y agencias gubernamentales, reformando elementos esenciales del sistema para mejorar su acceso y experiencia.

Para enmendar loa Artículos 2, 3, 4, 11, ,14 y 17 30 de la Ley Núm. 194-2000, según enmendada, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente”, a los fines de resguardar el derecho de los pacientes en el acceso de información y documentos contenidos en su expediente de salud, disponer del criterio profesional médico como factor regidor, y reconocer el derecho del paciente, a su determinación; entre otros fines relacionados.

La medida buscaba enmendar la Ley Núm. 194-2000 para fortalecer el derecho de los pacientes a acceder a su expediente médico, estableciendo el criterio profesional médico como factor regidor y reconociendo el derecho a la autodeterminación del paciente. Imponía un tope de $25 por la reproducción de expedientes médicos y afectaba directamente a la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico (ASEM) y otras instituciones de salud.