PS 1297

Para crear la “Ley para Regular los Chatbots de Salud Mental e Inteligencia Artificial Terapéutica en Puerto Rico”, a los fines de establecer normas sobre…

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Para crear la “Ley para Regular los Chatbots de Salud Mental e Inteligencia Artificial Terapéutica en Puerto Rico”, a los fines de establecer normas sobre divulgación, uso, supervisión, manejo de crisis, protección de datos y prohibiciones aplicables a sistemas automatizados relacionados con servicios de salud mental; disponer fiscalización, sanciones administrativas, reglamentación; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

Crea una ley nueva, sin ni otras leyes, que regula chatbots y otras herramientas automatizadas relacionadas con salud mental ofrecidas o utilizadas para personas en Puerto Rico. Aseguradoras, proveedores, agencias públicas y otros operadores tendrían que divulgar antes de la interacción que el sistema es automatizado, explicar sus límites y tener un protocolo de crisis; también se les prohíbe presentar la herramienta como profesional licenciado o delegarle ciertas decisiones clínicas. La ley limita la venta y el uso comercial de datos sensibles, y prohíbe que una aseguradora tome por sí sola determinaciones finales adversas sobre servicios de salud mental; las infracciones pueden conllevar multas de $1,000 a $10,000, o de $10,000 a $25,000 en circunstancias agravantes. Entraría en vigor 90 días después de su aprobación y las agencias concernidas tendrían 180 días desde la aprobación para coordinar guías mínimas.

Pros

•Personas que usen estas herramientas recibirían, antes de interactuar y nuevamente cuando la conversación toque temas de alto riesgo, avisos en español e inglés sobre que el sistema no es humano ni sustituye atención profesional. La ley también prohíbe que operadores lo presenten como terapeuta o usen credenciales o diseños que hagan creer razonablemente que lo es.
•Los operadores tendrían que establecer protocolos para identificar expresiones de suicidio, autolesión, violencia y otras crisis, mostrar advertencias y dirigir a recursos como el 911, el 988 o una sala de emergencia. Esto limita el uso de un chatbot como única respuesta ante una crisis, aunque no obliga a tener personal humano disponible las 24 horas.
•Aseguradoras y sus contratistas no podrían dejar que la herramienta emita por sí sola una determinación final adversa sobre cubierta, autorización o necesidad médica; además, tendrían que ofrecer mecanismos razonables para solicitar asistencia humana en beneficios, quejas y apelaciones. Esto protege a asegurados de que una decisión automatizada sustituya los procesos humanos y de apelación aplicables.
•La ley prohibiría vender datos sensibles de salud mental y usarlos para publicidad dirigida o perfilamiento de vulnerabilidades; también impediría condicionar servicios esenciales a consentir usos comerciales secundarios. El entrenamiento comercial de modelos con conversaciones identificables solo se permitiría con consentimiento expreso, específico, informado y separado, además de cumplir otras leyes.

Contras

•El protocolo exige detectar numerosas señales de crisis, pero no fija criterios técnicos de validación, pruebas de desempeño ni niveles mínimos de precisión. Como tampoco exige disponibilidad humana continua, un operador podría cumplir con advertencias y redirecciones sin que el sistema detecte adecuadamente una crisis; el texto solo requiere escalamiento humano cuando el servicio cuenta con personal o canales disponibles.
•La ley entraría en vigor a los 90 días de aprobarse, pero las guías mínimas coordinadas vencen a los 180 días, y las prohibiciones y deberes expresos aplican aunque no exista final. Esto puede dejar a operadores y agencias aplicando reglas nuevas durante un periodo sin criterios comunes para asuntos como qué constituye una divulgación razonable o un protocolo proporcional.
•La autoridad reguladora puede contar cada interacción, campaña, omisión de divulgación o práctica de datos como una infracción separada. Aunque debe considerar la prueba, la gravedad y el debido proceso, el texto no establece un límite acumulado de multas, lo que deja un margen amplio para diferencias entre agencias y exposición financiera difícil de anticipar.

Intereses en juego

Beneficia a:: Personas que usan servicios de salud mental, pacientes, asegurados y beneficiarios, que recibirían avisos sobre el uso de sistemas automatizados, límites en su manejo de datos y protecciones frente a decisiones finales de cubierta tomadas solo por una herramienta. También se benefician los profesionales licenciados, porque la ley preserva su responsabilidad sobre decisiones clínicas.
Preocupa a:: Aseguradoras, proveedores, agencias públicas, plataformas y suplidores tecnológicos que ofrezcan estas herramientas, pues tendrían que cumplir con divulgaciones, protocolos de crisis, controles de datos y posibles sanciones. También puede preocupar a operadores la posibilidad de que varias agencias tengan jurisdicción y de que cada interacción se considere una infracción separada.
Quién paga o decide:: La medida dispone que las agencias implementen la ley con recursos existentes y no autoriza automáticamente nuevas plazas ni asignaciones presupuestarias. ASSMCA coordinaría la política y las guías; la agencia reguladora con jurisdicción decidiría sobre sanciones y órdenes correctivas. La Asamblea Legislativa tendría que aprobar legislación o una asignación específica para fondos adicionales.

En qué va

El 16 de octubre de 2026 se rindió un primer informe conjunto de comisiones con y la medida fue remitida a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado. Aún no ha sido .

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Trámite legislativo

Última acción · 16 de octubre de 2026

Remitido a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado

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