Para enmendar el Artículo 11 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, conocida como “Ley de la Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, a los fines de autorizar la imposición de multas administrativas por incumplimientos injustificados con requerimientos de información, documentos o acceso de la Oficina del Contralor de Puerto Rico; fortalecer la fiscalización y la transparencia gubernamental; establecer garantías procesales; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 2.1 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, a fin de disponer que la Oficina del Contralor de Puerto Rico determine la frecuencia con que se realizan las auditorías a la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, sin que el termino exceda de tres (3) años y para otros fines relacionados.

La medida enmienda el Artículo 2.1(b) de la Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), extendiendo el plazo mínimo para las auditorías fiscales de la OEG por parte de la Oficina del Contralor de Puerto Rico de cada dos (2) años a cada tres (3) años. La Oficina del Contralor determinará la frecuencia, sin exceder el nuevo límite de tres años. Esto afecta la periodicidad de la fiscalización financiera de la propia OEG.

Para enmendar los artículos 9 y 11 de la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, a los fines de establecer que cuando la Oficina del Contralor de Puerto Rico requiera la comparecencia de testigos para entrevistas o la entrega de documentos esenciales para realizar las investigaciones de las auditorías y la persona citada no comparece o no entrega la información solicitada, el foro judicial imponga la sanción de costas y honorarios de abogados, una vez dicho foro determine que la persona ha actuado de forma frívola o temeraria al no comparecer a la entrevista o al no entregar los documentos requeridos.

Esta medida enmienda la Ley Núm. 9 de 1952, Ley Orgánica de la Oficina del Contralor, para facultar a los tribunales a imponer el pago de costas y honorarios de abogado a personas que, citadas por la Oficina del Contralor para entrevistas o entrega de documentos esenciales en auditorías, no comparezcan o no entreguen la información solicitada. La sanción se aplicará si el tribunal determina que la incomparecencia o negativa fue frívola o temeraria. Afecta directamente a individuos y entidades que son citados por la Oficina del Contralor.

Para enmendar los Artículos 5, 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, según enmendada, a los fines de aclarar la jurisdicción del Fiscal Especial Independiente sobre personas privadas vinculadas a investigaciones bajo dicha Ley; y para otros fines relacionados.

La medida enmienda los Artículos 5, 11, 12 y 13 de la Ley Núm. 2 de 1988, que rige la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI). Su propósito es aclarar y codificar la jurisdicción de la OPFEI para investigar y procesar a personas privadas, sean naturales o jurídicas, cuando su conducta esté sustancialmente vinculada a los hechos investigados de un funcionario o exfuncionario público. Esto permite que la OPFEI incluya a contratistas, suplidores, consultores o cualquier particular que participe o se beneficie de esquemas de corrupción pública, como autor o coautor, dentro de la misma encomienda investigativa.