Para añadir un nuevo Artículo 1345-A a la Ley 55-2020, según enmendada, conocida como “Código Civil de Puerto Rico”, a los fines de establecer deberes de transparencia aplicables al arrendador que repercuta al arrendatario de un inmueble destinado a una actividad comercial, profesional, industrial o de otra naturaleza no residencial cargos por los servicios de energía eléctrica, agua o alcantarillado que no sean facturados directamente al arrendatario por la entidad proveedora; requerir la divulgación escrita del método utilizado para determinar dichos cargos; disponer el contenido mínimo de los estados de cuenta; reconocer el derecho del arrendatario a examinar la factura matriz y la documentación utilizada para calcular el cargo; disponer sobre lecturas de submedición, créditos, ajustes y cargos administrativos; establecer un procedimiento para objetar cargos; preservar la jurisdicción y reglamentación de las entidades reguladoras competentes y las disposiciones aplicables a la propiedad horizontal; y para otros fines relacionados.

Contras

• •La medida establece un plazo de 4 años para la conservación de documentos por parte del arrendador, pero no detalla mecanismos de auditoría o fiscalización para asegurar el cumplimiento de esta obligación ni de las demás disposiciones, lo que podría limitar la efectividad de los derechos otorgados al arrendatario si no hay supervisión activa.
• •Si bien la medida permite al arrendatario objetar cargos, el proceso de objeción y respuesta del arrendador (15 días laborables) podría ser insuficiente para resolver disputas complejas, especialmente si la documentación solicitada es voluminosa o de difícil interpretación, pudiendo generar demoras en la resolución de conflictos.
• •El articulado permite al arrendador ocultar información personal, financiera o relacionada con otros arrendatarios de los documentos de respaldo, siempre que no sea indispensable para verificar el cargo del solicitante. Esto podría limitar la capacidad del arrendatario para una verificación completa si la información oculta es relevante para el cálculo o la distribución del costo total.
• •La medida no establece penalidades específicas ni un foro judicial o administrativo claro para la resolución de disputas o el incumplimiento de sus disposiciones, más allá de la remisión general a los remedios civiles disponibles. Esto podría dejar a los arrendatarios con un camino incierto para hacer valer sus derechos ante un arrendador recalcitrante.