PS 1513

“Para crear la “Ley de Competencia y Transparencia en los Contratos de Servicios Financiados por Cargos a los Ciudadanos”; establecer la obligación de determinar y certificar el valor económico real de los contratos en que la contraprestación del contratista proviene, en todo o en parte, de cargos pagados por un ciudadano; requerir procesos competitivos para su adjudicación y renovación; regular las propuestas no solicitadas y prohibir el acceso previo a información, sistemas y personal gubernamental; disponer que los cargos por procesamiento se fijen por reglamento u ordenanza y sean razonables y proporcionales; requerir la certificación previa de la Puerto Rico Innovation and Technology Service; establecer el deber de contestar por escrito las recomendaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico; añadir un nuevo Artículo 32-A a la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; añadir un nuevo Artículo 17-A a la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 2.035-A y enmendar los Artículos 2.036 y 8.002 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El título anuncia la creación de una ley para contratos de servicios cuya compensación al contratista provenga total o parcialmente de cargos pagados por ciudadanos. Para esos contratos, propone certificar su valor económico real y exigir competencia para adjudicarlos y renovarlos; también anuncia reglas para propuestas no solicitadas, límites a cargos de procesamiento y certificación previa de PRITS. Añadiría el Artículo 32-A a la Ley 73-2019, el Artículo 17-A a la Ley 15-2017 y el Artículo 2.035-A al Código Municipal, además de los Artículos 2.036 y 8.002 de ese Código. El material disponible no incluye el articulado del proyecto, así que no permite precisar las definiciones, excepciones, fórmulas de valoración ni qué entidades quedarían obligadas; la Ley 73-2019 ya regula compras gubernamentales, pero permite que municipios se acojan voluntariamente a sus procesos.

Pros

•Si se aprueba según lo resume su título, los contratos pagados mediante cargos a ciudadanos tendrían que competir para su adjudicación y renovación, y su valor económico tendría que certificarse. Esto podría abrir la competencia a otros proveedores y permitir comparar ofertas en esa clase de contratos, en vez de dejar la selección y renovación fuera de esos requisitos.

Intereses en juego

Beneficia a:: Ciudadanos que pagan cargos por esos servicios y proveedores que podrían competir por contratos sujetos a los nuevos procesos. El alcance exacto depende de las definiciones y excepciones del articulado, que no está incluido en el material disponible.
Preocupa a:: Contratistas actuales y entidades públicas que tendrían que ajustar adjudicaciones, renovaciones y cargos de procesamiento si quedan dentro de la ley. No se puede determinar el costo ni el alcance concreto sin el texto articulado.
Quién paga o decide:: El título no identifica una ni establece quién asumiría los costos administrativos. Anuncia que los cargos de procesamiento se fijarían por u ordenanza y que PRITS tendría que certificar previamente; no se especifican en el material disponible las autoridades responsables de cada decisión ni el procedimiento.

En qué va

Fue el 13 de octubre de 2026, pasó a Primera Lectura del Senado y fue referido a la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos ese mismo día. Al 14 de octubre de 2026, figura .

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Trámite legislativo

Última acción · 13 de octubre de 2026

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“Para crear la “Ley de Competencia y Transparencia en los Contratos de Servicios Financiados por Cargos a los Ciudadanos”; establecer la obligación de determinar y certificar el valor económico real de los contratos en que la contraprestación del contratista proviene, en todo o en parte, de cargos pagados por un ciudadano; requerir procesos competitivos para su adjudicación y renovación; regular las propuestas no solicitadas y prohibir el acceso previo a información, sistemas y personal gubernamental; disponer que los cargos por procesamiento se fijen por reglamento u ordenanza y sean razonables y proporcionales; requerir la certificación previa de la Puerto Rico Innovation and Technology Service; establecer el deber de contestar por escrito las recomendaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico; añadir un nuevo Artículo 32-A a la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; añadir un nuevo Artículo 17-A a la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 2.035-A y enmendar los Artículos 2.036 y 8.002 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”