Para enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Registros de Contratos”, a los fines de que se incluya en dicho registro una certificación de la persona jurídica o natural contratante, expresamente autorizada para subcontratar, que identifique a los subcontratistas para llevar a cabo los servicios o labores que se establecen en el contrato otorgado, así como que se remita dicha certificación dentro de los términos dispuestos a la Oficina del Contralor(a); y para otros fines relacionados.

Intereses en juego

Beneficia a:

La ciudadanía y los organismos fiscalizadores se beneficiarían teóricamente de una mayor visibilidad sobre quién ejecuta los contratos públicos. Sin embargo, el proyecto, tal como está redactado, genera preocupación en las agencias contratantes y en la Oficina del Contralor(a).

Preocupa a:

Las agencias gubernamentales y los contratistas principales podrían enfrentar cargas administrativas significativas y posibles retrasos. La Oficina del Contralor(a) se preocupa por la carga operativa y la necesidad de recursos adicionales no contemplados.

Quién paga o decide:

El costo de la nómina y operación para implementar los cambios recaería en la Oficina del Contralor(a) y las agencias contratantes. La implementación final y la reglamentación estarían a cargo del Contralor(a), con la supervisión general de la Legislatura.