Para enmendar el inciso (a) del Artículo 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Registros de Contratos”, a los fines de ordenar a la Oficina del Contralor de Puerto Rico crear, administrar y mantener un Registro Digital Centralizado de Contratos, mediante una plataforma electrónica uniforme, en la cual todos los departamentos, agencias, instrumentalidades y municipios del Gobierno de Puerto Rico deberán registrar, someter y formalizar sus contratos; añadir al referido Artículo 1 un nuevo inciso (f) a los fines de establecer que una vez quede perfeccionado el contrato entre las partes, el Registro Digital Centralizado de Contratos de la Oficina del Contralor, emitirá una alerta al Departamento de Hacienda para que queden identificadas y aseguradas las partidas presupuestarias pactadas en el referido contrato y facultar a la Oficina del Contralor a establecer acuerdos, de ser necesarios, con la Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS) para la ejecución de esta alerta; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 2 y renumerar los actuales Artículos 2, 3 y 4 como Artículo 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975 con el fin de crear el Registro de Contrato de Alto Volumen del Gobierno de Puerto Rico; enmendar la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, para establecer las facultades del Contralor de Puerto Rico sobre este registro, realizar correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

La medida buscaba añadir un nuevo Artículo 2 a la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, para crear un Registro de Contratos de Alto Volumen del Gobierno de Puerto Rico. Este registro estaría bajo la administración del Contralor y se enfocaría en contratos cuyo valor individual o agregado excediera los $500,000 en un año fiscal. La propuesta también incluía enmiendas técnicas a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952 y buscaba mejorar la transparencia en la contratación gubernamental.

Para enmendar los Artículos 1 y 3 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de Registros de Contratos”, a los fines de que se incluya en dicho registro una certificación de la persona jurídica o natural contratante, expresamente autorizada para subcontratar, que identifique a los subcontratistas para llevar a cabo los servicios o labores que se establecen en el contrato otorgado, así como que se remita dicha certificación dentro de los términos dispuestos a la Oficina del Contralor(a); y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 713 propone enmendar la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, conocida como "Ley de Registros de Contratos". Busca requerir que, al registrar un contrato gubernamental, el contratista principal presente una certificación identificando a todos los subcontratistas autorizados para realizar los servicios. Adicionalmente, exige la radicación retroactiva de certificaciones de subcontratistas para contratos vigentes y otorga 90 días al Contralor(a) para establecer reglamentación y para que la ley entre en vigor tras su aprobación.

Para crear la “Ley para Facultar la Suspensión Cautelar de Contratos Gubernamentales por Acusaciones de Delitos contra la Función Gubernamental o Fraude” a los fines de establecer un mecanismo de suspensión de contrato con el Gobierno de Puerto Rico cuando la entidad o persona contratada es objeto de acusación de delito contra la función gubernamental o fraude hasta que recaiga determinación final; enmendar el Artículo 5 de la Ley 237-2004, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA” a los fines de incluir un nuevo inciso Q para incluir una cláusula mandatoria sobre suspensión cautelar; y para otros fines relacionados.

La medida crea la “Ley para Facultar la Suspensión Cautelar de Contratos Gubernamentales por Acusaciones de Delitos contra la Función Gubernamental o Fraude” e instruye a todas las agencias y corporaciones públicas a incluir una cláusula mandatoria en sus contratos. Esta cláusula permitirá suspender cautelarmente un contrato si el contratista es formalmente acusado de fraude o delitos contra la función pública, y la agencia determina que la continuación del contrato representa un riesgo sustancial al interés público, hasta que concluya el proceso legal. Se enmienda la Ley 237-2004 para incorporar esta disposición como requisito en la contratación de servicios profesionales y consultivos.