Para crear la “Ley para Facultar la Suspensión Cautelar de Contratos Gubernamentales por Acusaciones de Delitos contra la Función Gubernamental o Fraude” a los fines de establecer un mecanismo de suspensión de contrato con el Gobierno de Puerto Rico cuando la entidad o persona contratada es objeto de acusación de delito contra la función gubernamental o fraude hasta que recaiga determinación final; enmendar el Artículo 5 de la Ley 237-2004, según enmendada, conocida como “Ley para Establecer Parámetros Uniformes en los Procesos de Contratación de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales del ELA” a los fines de incluir un nuevo inciso Q para incluir una cláusula mandatoria sobre suspensión cautelar; y para otros fines relacionados.

• •La medida otorga 'amplia discreción' al funcionario encargado de decidir la suspensión cautelar, lo que podría generar inconsistencias en la aplicación si no se acompaña de guías o reglamentos detallados y claros que limiten la subjetividad.
• •Aunque se busca proteger al contratista, la suspensión de pagos o paralización de ejecución contractual, aun siendo cautelar, puede generar un impacto financiero y operativo significativo para el contratista, afectando su capacidad de operar o incluso su viabilidad, sin que medie una determinación de culpabilidad.
• •La efectividad y la rapidez de la suspensión cautelar dependerán en gran medida de la agilidad y diligencia de las agencias en realizar las 'evaluaciones administrativas' requeridas y en la emisión de los reglamentos por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) en el plazo establecido (180 días).

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