Para añadir un Artículo 3 a la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como “Ley de registro de contratos”, para establecer que todo contratista de alguna agencia, instrumentalidad o dependencia del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá presentar una factura mensual por los servicios prestados al gobierno, incluyendo las facturas de toda subcontratación realizada; reenumerar los Artículos 4 y 5, de dicha ley; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo Artículo 2 y renumerar los actuales Artículos 2, 3 y 4 como Artículo 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975 con el fin de crear el Registro de Contrato de Alto Volumen del Gobierno de Puerto Rico; enmendar la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, para establecer las facultades del Contralor de Puerto Rico sobre este registro, realizar correcciones técnicas; y para otros fines relacionados.

La medida buscaba añadir un nuevo Artículo 2 a la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, para crear un Registro de Contratos de Alto Volumen del Gobierno de Puerto Rico. Este registro estaría bajo la administración del Contralor y se enfocaría en contratos cuyo valor individual o agregado excediera los $500,000 en un año fiscal. La propuesta también incluía enmiendas técnicas a la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952 y buscaba mejorar la transparencia en la contratación gubernamental.

Para enmendar el Artículo 1 de la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975, según enmendada, a los fines de crear un plataforma de contratos, la cual utilizarán todas las entidades gubernamentales para generar sus contratos, desde su creación hasta su registro en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor de Puerto Rico; para enmendar el Artículo 24 de la Ley Núm. 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”, para que la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico utilice la plataforma de contratos cuando adquiera los servicios no profesionales para las entidades gubernamentales.

La medida propone enmendar la Ley Núm. 18 de 1975 y la Ley Núm. 73-2019 para establecer una plataforma digital centralizada, desarrollada por la Oficina del Contralor, que todas las entidades gubernamentales (ramas Ejecutiva, Legislativa y Judicial) deberán usar para generar y registrar sus contratos. Además, la Administración de Servicios Generales (ASG) deberá usar esta plataforma para la adquisición de servicios no profesionales. El objetivo es agilizar trámites, mejorar la visibilidad y asegurar la uniformidad en la gestión contractual pública.

Para enmendar los incisos (e) e (i) del Artículo 3.2 y los Artículos 3.3, 3.4 y 3.5 de la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”, con el fin de incluir a los subcontratistas entre las personas naturales o jurídicas que estarán obligadas a cumplir los alcances, condiciones y requerimientos de dicha Ley.

La medida P. de la C. 537 propone enmendar la Ley Núm. 2-2018, conocida como 'Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico', para incluir explícitamente a los subcontratistas dentro del alcance de sus disposiciones. Específicamente, se modifica el Artículo 3.2(e) para requerir que los contratistas principales certifiquen en cada factura que los subcontratistas han cumplido con sus obligaciones contractuales, como requisito para recibir pago del gobierno. Esto afecta a subcontratistas que trabajan en proyectos o servicios gubernamentales y a los contratistas principales que deben supervisar y certificar su labor.