Para crear la Ley “Ley para la Protección Contra Sistemas de Vigilancia Masiva”, con el propósito de prohibir el uso y contratación de sistemas de vigilancia masiva; añadir el artículo 1.119 y reenumerar los artículos 1.119 al 1.127 y añadir el artículo 27.03 y reenumerar los artículos 27.03 al 27.07 de la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para prohibir actividades de vigilancia en todo tipo de carril y vía pública de Puerto Rico y enmendar los artículos 1.15 y 1.16 de la Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, según enmendada, conocida como la “Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”, con el propósito de prohibir el uso y contrataciones de tecnologías de vigilancia que violenten las libertades y derechos fundamentales garantizados en la Constitución de Puerto Rico; y para decretar otras disposiciones complementarias.

Contras

• •La Sección 3 de la ley ordena suprimir información obtenida en violación de la Sección 2 en un término de tres (3) minutos. Este plazo es extremadamente corto y podría ser logísticamente imposible de cumplir para sistemas de datos complejos, creando una laguna que podría permitir la retención temporal de información ilegalmente obtenida antes de su supresión.
• •La prohibición de vigilancia automatizada continua en vías públicas (Artículo 27.03 de la Ley de Vehículos y Tránsito) tiene una excepción para datos 'estrictamente necesarios y de uso exclusivo para fines operativos y de cobro del sistema de peaje'. El alcance de 'estrictamente necesarios' y 'uso exclusivo' podría ser interpretado de forma amplia por el Departamento de Transportación y Obras Públicas, permitiendo la recolección de datos que excedan el propósito de cobro de peajes y se utilicen para vigilancia.
• •La medida no define explícitamente qué constituye 'vigilancia masiva' más allá de listar tecnologías específicas, dejando un margen de interpretación sobre si otras tecnologías emergentes o combinaciones de sistemas podrían eludir la prohibición.
• •Si bien la medida prohíbe el uso de tecnologías de vigilancia masiva, no establece penalidades específicas (multas, sanciones administrativas o criminales) para las entidades públicas o privadas que incumplan con estas prohibiciones, lo que podría debilitar su efectividad coercitiva.