Para crear la “Ley del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico”, con el propósito de establecer un cuerpo centralizado de ciudadanos capacitados que…

Para crear la “Ley del Comité de Coordinación Multisectorial y Comunitaria”, con el propósito de facilitar una respuesta coordinada durante un estado de emergencia y brindar apoyo a los esfuerzos de recuperación del gobierno; disponer sobre su composición y operación; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley del Comité de Coordinación Multisectorial y Comunitaria. Establece un comité permanente, coordinado por el Departamento de Seguridad Pública, para institucionalizar la participación de organizaciones no gubernamentales, comunitarias, de base de fe y del sector privado en la planificación, preparación y respuesta a emergencias. El comité deberá reunirse al menos dos veces al año y sus funciones incluyen identificar recursos, facilitar la incorporación de estos sectores a la planificación gubernamental, mantener comunicación y formular recomendaciones post-emergencia. El Departamento de Seguridad Pública tiene 180 días para reglamentar la ley.

Para añadir un sexto párrafo al Artículo 6 de la Ley 261-2004, según enmendada, conocida como "Ley del Voluntariado de Puerto Rico", a los fines de crear un programa de voluntariado adscrito al Departamento de Seguridad Pública para asistir en desastres y emergencias; y para otros fines relacionados.

La medida P. de la C. 412 propone enmendar el Artículo 6 de la Ley 261-2004, conocida como 'Ley del Voluntariado de Puerto Rico', para añadir un párrafo que ordena al Departamento de Seguridad Pública (DSP) establecer una reserva de voluntarios aptos y cualificados para asistir en desastres y emergencias. Estos voluntarios podrían realizar tareas de asistencia directa al ciudadano, como distribución de suministros y colaboración en limpieza, aliviando la carga de los respondedores de primera línea. La medida afectaría directamente al Departamento de Seguridad Pública y a los ciudadanos que requieran asistencia durante emergencias.

Para crear la “Ley para la Preparación, Protección y Recuperación de Colecciones Culturales Públicas ante Emergencias y Desastres”, a los fines de establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la preparación preventiva, protección, respuesta, salvamento y recuperación de bienes culturales tangibles bajo propiedad, administración o custodia de entidades públicas; requerir planes especializados integrados a los planes generales de emergencia y recuperación aplicables; establecer deberes del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en coordinación con el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres; disponer requisitos mínimos sobre inventarios, evaluación de riesgos, prioridades de salvamento, cadena de custodia, almacenamiento temporero, adiestramiento, certificación y revisión; establecer un mecanismo de cumplimiento y rendición de cuentas; proteger información operacional sensible; aclarar su relación con la legislación aplicable a documentos públicos; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley para la Preparación, Protección y Recuperación de Colecciones Culturales Públicas ante Emergencias y Desastres. Establece como política pública la preparación, protección y recuperación de bienes culturales tangibles bajo custodia de entidades públicas. Requiere que estas entidades desarrollen planes especializados integrados a sus planes generales de emergencia, definiendo deberes para el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD). La ley detalla requisitos mínimos para inventarios, evaluación de riesgos, prioridades de salvamento, cadena de custodia, almacenamiento temporal, adiestramiento y certificación de cumplimiento.

Para crear la “Ley para la Operación, Administración y Modernización del Sistema de Refugios de Emergencia de Puerto Rico”, a los fines de establecer un marco legal uniforme para la planificación, activación, operación y cierre de refugios de emergencia; definir responsabilidades interagenciales; establecer estándares mínimos de funcionamiento; crear un sistema integrado de información para la gestión de refugios; y para otros fines relacionados.

Crea la Ley para la Operación, Administración y Modernización del Sistema de Refugios de Emergencia; no deroga ni enmienda expresamente otra ley. Asigna al Departamento de la Vivienda la administración del cuidado en masa y la operación de refugios, y al Negociado de Manejo de Emergencias la coordinación general de la respuesta; además, ordena inspecciones anuales por un comité interagencial y contempla reubicar, cuando sea necesario, a personas refugiadas en escuelas activas una vez termine la fase crítica. Establece estándares mínimos de admisión, higiene, seguridad, accesibilidad, acomodos, suministros y servicios, y requiere apoyo emocional e intervención en crisis desde la apertura hasta el cierre, pero no atención médica directa dentro de los refugios. Ordena gestionar registros, ocupación e incidentes mediante plataformas gubernamentales existentes, con funciones de monitoreo en tiempo real y controles de seguridad; Vivienda debe adoptar reglamentos dentro de 180 días, aunque puede escalonar la implantación según los recursos y la capacidad operacional, y el costo se sufragaría con presupuestos disponibles, fondos federales elegibles y futuras asignaciones.

Para crear el Programa de Reconocimiento Honorífico e Identificación Oficial para los Miembros de los Cuerpos de Voluntarios del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, a los fines de reconocer su servicio, compromiso y aportación al bienestar y la seguridad de la Isla; ordenar al Departamento de Seguridad Pública establecer el mecanismo de expedición de dicha identificación; y para otros fines relacionados.

Crea un programa del Departamento de Seguridad Pública (DSP) para reconocer a voluntarios activos y a quienes hayan cesado el servicio, si acumularon al menos cinco años y demostraron conducta ejemplar. El DSP expedirá una identificación oficial y una placa conmemorativa con datos del voluntario y sus años de servicio; el reconocimiento será honorífico y no conferirá autoridad operacional ni privilegios. El Secretario deberá adoptar en un máximo de 120 días un reglamento con criterios y documentos para verificar la elegibilidad, además de un proceso de revisión o apelación. Los costos se cargarán al presupuesto ordinario del DSP, sin crear una partida adicional, y se autorizan donativos y acuerdos de financiamiento; no enmienda ni deroga otra ley.