PS 1504

Para enmendar los Artículos 262 y 263 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como "Código Penal de Puerto Rico", a los fines de tipificar como delito el incumplimiento, a propósito o con conocimiento, por parte de funcionarios y empleados públicos, de un deber que la ley o el reglamento les impone de forma obligatoria, sin exigir como elemento la pérdida de fondos públicos o el daño a la propiedad pública; disponer que el desconocimiento del deber no será defensa; establecer un término supletorio para el cumplimiento del deber cuando la ley o el reglamento no lo fije; disponer la regla de imputación cuando el deber esté impuesto a una agencia, entidad o cuerpo colegiado, o no se indique quién debe cumplirlo; disponer el cómputo del término prescriptivo en casos de incumplimiento continuado; enmendar el inciso (r) del Artículo 4.2 de la Ley 1- 2012, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico", a fin de conformarlo; y para otros fines relacionados.

Medida·Senado·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

El P. del S. 1504 los artículos 262 y 263 del Código Penal: añade un delito menos grave para el funcionario o empleado público que, a propósito o con conocimiento, incumpla un deber obligatorio impuesto por ley o , aunque no haya pérdida de fondos ni daño a propiedad pública. Si no hay un plazo legal, fija seis meses desde la vigencia de la ley o reglamento; para deberes anteriores sin plazo, los seis meses comenzarían al entrar en vigor esta medida. También asigna ciertos deberes institucionales a la persona que dirige la agencia o entidad, a quien preside el cuerpo colegiado o, si no hay presidente, a sus miembros, y detiene la prescripción mientras continúe el incumplimiento. La enmienda al artículo 263 no elimina allí el requisito de pérdida o daño: extiende a ese delito las reglas de imputación y prescripción; la medida también amplía la prohibición ética para servidores públicos de la Rama Ejecutiva, sin exigir daño patrimonial.

Pros

•Permite procesar como delito menos grave a funcionarios y empleados públicos que incumplan a propósito o con conocimiento un deber obligatorio de ley o aunque no haya pérdida de fondos públicos ni daño a propiedad pública. El delito del artículo 262 exige ese resultado patrimonial.
•Da una fecha límite supletoria de seis meses cuando la ley o el no fija una, y asigna el deber a responsables identificables cuando recae en una agencia o cuerpo colegiado o no identifica a quién corresponde. La regla de imputación también se aplicaría al delito negligente del artículo 263.
•Amplía la prohibición ética para servidores públicos de la Rama Ejecutiva: omitir un deber obligatorio sería prohibido aunque no cause daño patrimonial, y quedaría sujeto a las sanciones administrativas ya disponibles bajo la Ley de Ética, incluida una multa de hasta $20,000 por violación.

Contras

•El tipo penal abarca deberes obligatorios contenidos en leyes y , y excluye como defensa el desconocimiento del deber, salvo las excepciones del artículo 30 del Código Penal. Aunque exige propósito o conocimiento, la combinación puede generar disputas sobre qué deber era obligatorio y qué sabía la persona; además, la regla puede atribuir deberes compartidos a todos los miembros de un cuerpo colegiado.
•El plazo uniforme de seis meses puede no ajustarse a deberes institucionales de distinta complejidad o que dependan de recursos y pasos administrativos. Para deberes anteriores sin plazo, el término empezaría con la vigencia de la medida, y su vencimiento podría activar responsabilidad penal si se prueban los demás elementos.
•La prescripción no comenzaría mientras continúe el incumplimiento. Como el artículo 87 fija en cinco años la prescripción de delitos menos graves cometidos por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones, la exposición penal podría prolongarse sin que empiece ese término mientras el deber siga incumplido.

Intereses en juego

Beneficia a:: La ciudadanía obtiene una vía penal para exigir ciertos deberes públicos obligatorios aun cuando no haya daño al erario; también se identifican responsables institucionales para deberes asignados a agencias o cuerpos colegiados. La Oficina de Ética Gubernamental tendría una prohibición ética más amplia para servidores de la Rama Ejecutiva.
Preocupa a:: Funcionarios y empleados públicos sujetos a deberes obligatorios de ley o , en particular quienes dirigen agencias o integran cuerpos colegiados con deberes compartidos. También puede preocupar a entidades públicas la aplicación de un plazo supletorio común a deberes de distinta complejidad.
Quién paga o decide:: La medida no asigna fondos nuevos ni fija un costo presupuestario. La investigación y el procesamiento penal corresponderían a las autoridades competentes y la determinación de culpabilidad a los tribunales; la aplicación ética administrativa correspondería a la Oficina de Ética Gubernamental. No crea una nueva decisión de nombramiento o implementación para una figura política.

En qué va

el Senado el 5 de octubre de 2026. El texto indica que fue referida, pero no identifica una comisión ni registra acción posterior.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 5 de octubre de 2026

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