Para añadir un nuevo inciso (u) al Artículo 66 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de establecer…

Para enmendar los Artículos 14, 66 y 264 de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a fin de incorporar definiciones esenciales relacionadas con fondos federales y de emergencia; añadir una circunstancia agravante aplicable a los delitos que involucren dichos fondos; extender la responsabilidad penal por malversación a toda persona, natural o jurídica, pública o privada, que administre, custodie o desembolse dichos recursos; establecer penalidades agravadas, restitución solidaria y un término de prescripción especial; y para otros fines relacionados.

Enmienda los Artículos 14, 66 y 264 del Código Penal para definir «fondos federales», «fondos de emergencia» y «programa federal de asistencia financiera»; los fondos de emergencia mantienen esa clasificación durante su administración, desembolso y liquidación, aunque termine la declaración. Amplía la malversación, antes limitada a funcionarios y empleados públicos, a personas naturales con nombramiento, contrato, subcontrato, acuerdo, concesión o delegación para administrar fondos, e incluye facilitar, permitir o encubrir el uso no autorizado por terceros. Para fondos públicos que no sean federales ni de emergencia, conserva la pena de 8 años y la de 15 si se usa autoridad de dirección o supervisión para aprobar el desembolso o destino ilegal, o si la pérdida excede $50,000; elimina los 15 años por ser funcionario público, por sí solo, que dispone la ley vigente. Para fondos federales o de emergencia fija 12 años, o 20 si se cumple alguno de los criterios agravantes; en fondos mezclados, aplica cuando el componente federal o de emergencia suma al menos $10,000 durante un año y no exige probar que se afectaron dólares federales específicos. Para personas jurídicas establece multa del doble de los fondos malversados o $100,000, lo que sea mayor, restitución, suspensión de actividades por al menos 5 años e inhabilitación permanente para contratar con el Gobierno o recibir fondos públicos o federales administrados por este.

Para enmendar el Artículo 190, de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, con el fin de expandir las circunstancias mediante las cuales se gravará el delito de robo; y para otros fines relacionados.

Enmienda el inciso (e) del Artículo 190 del Código Penal, que hoy considera robo agravado el robo cometido con un arma de fuego. Mantiene esa circunstancia y añade el uso de un arma blanca u otro objeto o instrumento utilizado como arma para amenazar o intimidar, con capacidad de lesionar o poner en riesgo la vida o integridad física de la víctima durante el robo. Para esos casos, la pena del robo agravado sería de reclusión por un término fijo de 25 años; el robo del Artículo 189 conlleva 15 años. La ley entraría en vigor inmediatamente después de su aprobación y afectaría la acusación y sentencia de personas imputadas por robos con esos objetos, así como a sus víctimas.

Para enmendar el inciso (e) del Artículo 190 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de ampliar las circunstancias constitutivas de robo agravado cuando medie el uso de un arma en la comisión del delito; disponer que constituirá igualmente robo agravado la utilización de un objeto que, por su apariencia o por la manera en que sea utilizado, razonablemente haga creer a la víctima que se trata de un arma; y para otros fines relacionados.

Esta medida legislativa propone enmendar el inciso (e) del Artículo 190 de la Ley 146-2012, el Código Penal de Puerto Rico. Busca ampliar la definición de robo agravado para incluir no solo el uso de un arma de fuego, sino cualquier tipo de arma o de un objeto que, por su apariencia o uso, razonablemente haga creer a la víctima que se trata de un arma. Esto afecta a personas que cometan robos bajo estas circunstancias, elevando la gravedad del delito y la pena asociada.

Para enmendar el inciso (b), del Artículo 73, de la Ley 146-2012 conocida como el Código Penal de Puerto Rico, a los fines de disponer que en los casos donde se configure reincidencia agravada se aumentará 30 años a la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.

Esta medida enmienda el inciso (b) del Artículo 73 de la Ley 146-2012, Código Penal de Puerto Rico. Añade treinta (30) años a la pena fija de cualquier delito grave cometido por una persona que ya haya sido convicta y sentenciada previamente por dos o más delitos graves, configurando así reincidencia agravada. El cambio aplica a la pena impuesta a individuos que reinciden en delitos graves.

Para enmendar el inciso (b) del Artículo 73 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como el “Código Penal de Puerto Rico”, a los fines de disponer que en los casos donde se configure reincidencia agravada se aumentará treinta (30) años a la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.

Esta medida enmienda el inciso (b) del Artículo 73 de la Ley 146-2012, conocida como el Código Penal de Puerto Rico. Propone que en casos de reincidencia agravada, un tribunal podrá aumentar la pena fija del delito cometido al doble de dicha pena o hasta un máximo de treinta (30) años adicionales a la pena fija. Esto aplica a personas previamente convictas y sentenciadas por dos o más delitos graves, que incurran nuevamente en otro delito grave.