Para añadir un nuevo Artículo 5-A a la Ley 131-2003, según enmendada, conocida como “Ley para Autorizar al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a Contratar con las Organizaciones Comunitarias y de Base Religiosa”, a los fines de establecer un índice electrónico centralizado de convocatorias de fondos públicos comprendidas en dicha Ley, disponer su actualización mediante coordinación interagencial y facilitar el acceso uniforme a la información; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Añade el Artículo 5-A a la Ley 131-2003 para que PRITS, junto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto y las agencias sujetas a esa ley, mantenga un índice electrónico público de convocatorias de fondos para programas de asistencia social y económica. Las agencias deberán enviar la información dentro de cinco días laborables de publicar una convocatoria y reportar en el mismo plazo sus cambios sustantivos, prórrogas, suspensiones o cancelaciones; el índice incluirá, entre otros datos, requisitos, fechas, cuantías anunciadas si están determinadas y enlaces a los anuncios y solicitudes oficiales. El índice deberá ser accesible sin cuenta y proteger datos personales, pero no sustituirá los anuncios oficiales ni cambiará quién evalúa o adjudica los fondos; si hay discrepancia, prevalece el anuncio oficial. La ley entraría en vigor 180 días después de su aprobación; los protocolos técnicos se adoptarían dentro de los 180 días siguientes a la vigencia y el índice se habilitaría dentro de los 360 días siguientes a la vigencia, con informes de preparación e implantación en esos mismos plazos.
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Intereses en juego
En qué va
El P. del S. 1634 fue el 11 de noviembre de 2026. No se informa un referido a comisión ni una votación.
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Última acción · 11 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para crear la “Ley para la Visibilidad y Promoción de Donaciones a Organizaciones Sin Fines de Lucro de Puerto Rico”; ordenar al Departamento de Hacienda y al Departamento de la Familia del Gobierno de Puerto Rico a crear, mantener y publicar un listado oficial, accesible y de alta visibilidad de las organizaciones sin fines de lucro elegibles para recibir donaciones deducibles bajo la Sección 1033.10 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico; establecer criterios detallados de clasificación, publicación, actualización y divulgación de dicho listado; disponer la implementación de campañas informativas y educativas anuales para promover la filantropía y orientar sobre los beneficios contributivos aplicables; integrar esfuerzos de comunicación dirigidos al sector empresarial acogido a incentivos contributivos; y para otros fines relacionados.
Esta medida crea la "Ley para la Visibilidad y Promoción de Donaciones a Organizaciones Sin Fines de Lucro de Puerto Rico". Ordena al Departamento de Hacienda y al Departamento de la Familia a crear y mantener un listado oficial y público de organizaciones sin fines de lucro elegibles para recibir donaciones deducibles bajo el Código de Rentas Internas. También dispone la implementación de campañas informativas anuales para promover la filantropía y orientar sobre los beneficios contributivos. Afecta directamente a individuos, empresas, y a las propias organizaciones sin fines de lucro.
“Para crear la “Ley de Competencia y Transparencia en los Contratos de Servicios Financiados por Cargos a los Ciudadanos”; establecer la obligación de determinar y certificar el valor económico real de los contratos en que la contraprestación del contratista proviene, en todo o en parte, de cargos pagados por un ciudadano; requerir procesos competitivos para su adjudicación y renovación; regular las propuestas no solicitadas y prohibir el acceso previo a información, sistemas y personal gubernamental; disponer que los cargos por procesamiento se fijen por reglamento u ordenanza y sean razonables y proporcionales; requerir la certificación previa de la Puerto Rico Innovation and Technology Service; establecer el deber de contestar por escrito las recomendaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico; añadir un nuevo Artículo 32-A a la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; añadir un nuevo Artículo 17-A a la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 2.035-A y enmendar los Artículos 2.036 y 8.002 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
Crea una ley aplicable a las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva y a los municipios para contratos donde una empresa privada presta un servicio gubernamental y cobra cargos de procesamiento a quienes lo usan. El valor del contrato incluirá los pagos gubernamentales y el estimado de cargos a ciudadanos, calculado con el volumen de los tres años fiscales anteriores o, si no hay historial, con un estudio de demanda; ese valor lo certificará el principal funcionario de finanzas y se usará para determinar los requisitos de contratación y revisión. Sobre el umbral aplicable, exige subasta formal o solicitud de propuestas selladas, y asigna al costo total para los ciudadanos al menos el 30% de la puntuación; también exige que los cargos se aprueben por reglamento u ordenanza, sean razonables y proporcionales, y se muestren antes del pago. Prohíbe adjudicar directamente estos contratos por propuestas no solicitadas y limita el acceso previo del proponente a información no pública, sistemas y personal gubernamental; las emergencias permiten contratos de hasta 12 meses, sin renovación, y requieren iniciar competencia dentro de 60 días. Los contratos vigentes continúan hasta vencer, pero sus renovaciones deben cumplir la ley; la reglamentación general tiene un plazo de 120 días y los requisitos de cargos de los incisos 9(a) y 9(b), de 180 días.
Para enmendar el inciso (j) del Artículo 3 de la Ley 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico”; y establecer la responsabilidad del Departamento de Hacienda de adoptar reglamentación administrativa con el fin de requerir que las asignaciones, los gastos y las ganancias generadas por servicios de tecnología e informática provistos o contratados por el Gobierno de Puerto Rico se divulguen de forma específica en un informe anual; con el fin de garantizar la transparencia cuando una empresa privada es contratada o subcontratada para ejercer funciones adjudicadas al Estado por virtud de la Constitución de Puerto Rico, las leyes o la reglamentación administrativa; y para decretar otras disposiciones complementarias.
Enmienda el inciso (j) del Artículo 3 de la Ley 230-1974 para que, solo para fines de divulgación y fiscalización, también se consideren fondos públicos los pagos recibidos por personas o empresas contratadas o subcontratadas para ejercer funciones asignadas al Estado, sus instrumentalidades o los municipios. No dispone que esos pagos pasen al Tesoro ni que cambie su titularidad para otros fines. Además, ordena al Departamento de Hacienda aprobar reglamentación dentro de 180 días y exigir un informe anual sobre asignaciones, gastos, cobros y ganancias de servicios de tecnología e informática provistos o contratados por el Gobierno durante el año fiscal anterior; Hacienda rendiría el informe a la Asamblea Legislativa cada 1 de noviembre. Afectaría a Hacienda, a las agencias que contratan esos servicios y a los proveedores privados que reciben pagos por ejercer funciones públicas; no elimina disposiciones vigentes de la Ley 230.
Para establecer una plataforma de crowdfunding para proyectos específicos del Gobierno de Puerto Rico; permitir que visitantes, ciudadanos, turistas y residentes aporten voluntariamente a iniciativas en áreas como educación, salud, envejecientes y otros temas de interés público; promover la participación ciudadana en el financiamiento colectivo sin costos adicionales al erario ni obligaciones mandatorias; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa, la Ley para la Plataforma de Crowdfunding de Proyectos Gubernamentales en Puerto Rico, propone la creación de una plataforma digital administrada por el Departamento de Hacienda, en coordinación con el DDEC y la OGP. Esta plataforma permitirá a ciudadanos, residentes y turistas realizar donaciones voluntarias a proyectos gubernamentales específicos en áreas como educación, salud, envejecientes, medio ambiente, cultura y otros de interés público. Los fondos recaudados se destinarán exclusivamente a los proyectos seleccionados, y los donantes podrán recibir recibos para deducciones fiscales. La ley establece que la plataforma no generará costos adicionales al erario y deberá operar utilizando infraestructura digital existente. Se prohíbe obligar donaciones o condicionar servicios públicos a contribuciones. La medida entrará en vigor 90 días después de su aprobación.
Para enmendar la Ley Núm. 52 de 9 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como “Ley para el Fomento de Oportunidades de Trabajo”, a los fines de añadir un nuevo Artículo 5-A que establezca la obligación del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de implementar una plataforma digital para la radicación electrónica de peticiones de reembolso de incentivos salariales, permitiendo la subida de documentos en formato PDF y la emisión de confirmaciones automáticas por correo electrónico o mecanismo equivalente; promover la eficiencia administrativa y la reducción de burocracia; y para otros fines relacionados.
Añadiría un Artículo 5-A a la Ley 52-1991 y obligaría al Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) a implementar y mantener una plataforma digital para que los patronos radiquen peticiones de reembolso de incentivos salariales y suban documentos en PDF o formatos digitales equivalentes. La plataforma tendría que emitir una confirmación automática con la fecha y hora de radicación, integrar sistemas existentes del DTRH y cumplir con las leyes de privacidad y los requisitos de accesibilidad. La radicación electrónica sería preferente, pero habría métodos alternativos en casos excepcionales justificados por limitaciones tecnológicas o emergencias. El proyecto dispone que la reglamentación necesaria se adopte dentro de 90 días y, a la vez, que la reglamentación sobre procedimientos, requisitos técnicos y plazos de implementación se adopte dentro de un máximo de seis meses.
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