Para añadir un nuevo Artículo 4-A a la Ley 26-2009, según enmendada, conocida como “Ley del Proyecto de Servicio Comunitario Estudiantil”, a los fines de incorporar una modalidad de aplicación cívica no partidista dentro de las experiencias de servicio comunitario reconocidas por dicha Ley, establecer criterios educativos de investigación y participación, garantizar la neutralidad institucional y preservar el requisito de horas vigente; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Añade el Artículo 4-A a la Ley 26-2009 para que el Departamento de Educación incorpore como opción acreditable del servicio comunitario proyectos que combinen servicio verificable con investigación de un problema comunitario, análisis de las responsabilidades de las instituciones, examen de alternativas y presentación de conclusiones. El servicio sigue siendo obligatorio: la investigación por sí sola no cuenta, y la modalidad no aumenta las 40 horas de servicio comunitario ni crea un curso o requisito de graduación adicional. Los proyectos pueden ser individuales o en equipo, con supervisión docente; el Departamento debe aprobar guías dentro de los 180 días siguientes a la vigencia, y la modalidad comenzará a ofrecerse durante el año escolar posterior a la aprobación de esas guías. La ley entraría en vigor 180 días después de su aprobación y exige un informe legislativo dentro del año siguiente a su vigencia; no elimina requisitos ni modalidades .
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
El P. del S. 1635 fue el 11 de noviembre de 2026. No consta en el texto una comisión a la que haya sido referido ni que haya sido aprobado.
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Última acción · 11 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para enmendar el Artículo 4 de la Ley 26-2009, según enmendada, conocida como “Proyecto de Servicio Comunitario Estudiantil”, con el propósito de establecer que, como parte de las distintas opciones de servicio comunitario a realizarse por los estudiantes en virtud de esta Ley, estos puedan participar en actividades dirigidas a mejorar sus destrezas vitales y potenciar sus oportunidades de empleo, por medio de adiestramientos basados en principios de disciplina militar o apoyando los trabajos llevados a cabo en organismos gubernamentales o entidades privadas que ejecuten funciones relacionadas con la protección y bienestar de los animales, ya sea en albergues, refugios o santuarios o en hospitales veterinarios; y para otros fines relacionados.
La medida PS 524 enmienda el Artículo 4 de la Ley 26-2009, conocida como 'Proyecto de Servicio Comunitario Estudiantil'. Añade dos nuevas opciones para que los estudiantes cumplan las 40 horas de servicio comunitario requeridas para graduarse: (1) participar en adiestramientos basados en principios de disciplina militar, específicamente a través de programas de la Guardia Nacional como 'Challenge' y 'STARBASE', o similares; y (2) apoyar trabajos en organismos gubernamentales o entidades privadas dedicadas a la protección y bienestar animal, como albergues, refugios, santuarios o hospitales veterinarios. El cambio afecta a estudiantes de escuela superior que deben cumplir este requisito y a las entidades que podrían recibir su servicio.
Para añadir un nuevo inciso C al Artículo 4 de la Ley 26-2009, según enmendada, mejor conocida como Ley de “Proyecto de Servicio Comunitario Estudiantil”, a los fines disponer que podrá ser parte del servicio comunitario a realizarse por los estudiantes la participación en organizaciones sin fines de lucro, albergues, refugios, santuarios, municipios, agencias gubernamentales, clínicas veterinarias u otras entidades autorizadas que desarrollen funciones relacionadas con la atención, protección y bienestar animal; y para otros fines relacionados.
Añade un inciso C al Artículo 4 de la Ley 26-2009 para que estudiantes sujetos al requisito vigente de 40 horas de servicio comunitario puedan realizar actividades de atención, protección y bienestar animal en organizaciones sin fines de lucro, albergues, refugios, santuarios, municipios, agencias gubernamentales, clínicas veterinarias y otras entidades autorizadas. El Departamento de Educación, en colaboración con la Oficina Estatal para el Control de Animales, el Colegio de Médicos Veterinarios y entidades pertinentes, proveería herramientas y orientación; el Secretario de Educación determinaría las actividades permitidas y evaluaría la seguridad y la cobertura de seguros. Entre las actividades se incluyen campañas de adopción y educativas, organización de suministros y limpieza adecuada a la edad; los estudiantes podrían apoyar recaudaciones, pero no manejar ni custodiar el dinero. La medida no cambia el requisito de horas ni elimina opciones existentes, y ordena al Departamento enmendar los reglamentos o documentos administrativos necesarios.
Para añadir un nuevo inciso C. al Artículo 4 de la Ley Núm. 26-2009, según enmendada, mejor conocida como la Ley de “Proyecto de Servicio Comunitario Estudiantil”, a los fines de incluir entre aquellos autorizados los diversos programas y servicios comunitarios que lleva a cabo la Policía de Puerto Rico, incluyendo, pero sin limitarse a, ofrecer servicio en apoyo de la Liga Atlética Policiaca y para otros fines.
La medida legislativa (PC 658) buscaba añadir dos nuevos incisos (C y D) al Artículo 4 de la Ley Núm. 26-2009, conocida como la Ley del Proyecto de Servicio Comunitario Estudiantil. El propósito era autorizar que los estudiantes de escuela superior pudieran validar horas de servicio comunitario participando en programas y servicios de la Policía de Puerto Rico, incluyendo apoyo a la Liga Atlética Policiaca, y en actividades de apoyo en Centros de Cuidado de Adultos Mayores. La medida fue vetada por la Gobernadora.
Para añadir un nuevo Artículo 4.00, y reenumerar los subsiguientes, en la Ley 110-2006, conocida como “Carta de Derechos y Responsabilidades de la Comunidad Escolar para la Seguridad en las Escuelas”, a los fines de requerir la prestación de servicio comunitario a todo estudiante del nivel escolar superior que viole las disposiciones de dicha Ley como condición para que pueda pasar de grado; y para otros fines relacionados.
El texto aprobado por la Cámara añade un nuevo Artículo 3.06 a la Ley 110-2006 y no deroga disposiciones vigentes. Obliga a estudiantes del nivel superior del sistema público que incurran en actos que violenten esa ley o el Artículo 9.07 de la Ley 85-2018, en lo relativo al hostigamiento e intimidación entre estudiantes, a participar en un programa de servicio comunitario. El programa debe incluir actividades de reflexión, reparación del daño y transformación de conducta; puede incluir talleres, procesos de justicia restaurativa, proyectos escolares, tutoría de pares o voluntariado supervisado. El Secretario tendría 120 días desde la aprobación para aprobar la reglamentación y atemperar los reglamentos pertinentes; el director escolar y el Equipo Interdisciplinario fijarían el tiempo, lugar y condiciones, y se requeriría certificar asistencia y evaluar las tareas. El servicio podría realizarse fuera del horario lectivo y no podría ser degradante o humillante; el articulado no establece que completarlo sea requisito para pasar de grado o graduarse, y la ley entraría en vigor inmediatamente después de aprobarse.
Para enmendar el subinciso (4) del inciso (b) del Artículo 24 y el Artículo 25 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, conocida como la «Ley de Menores de Puerto Rico», a los fines de establecer el servicio comunitario supervisado como condición ordinaria de las medidas dispositivas condicionales no privativas de libertad; fijar criterios para su imposición, cumplimiento y exención fundamentada; fortalecer su finalidad rehabilitadora, la individualización judicial y la protección de los menores y de terceros; y para otros fines relacionados.
Enmienda los artículos 24(b)(4) y 25 de la Ley de Menores: donde hoy el servicio comunitario solo puede ordenarse para medidas de seis meses o menos, lo convierte en condición ordinaria de toda medida condicional sin custodia. El tribunal fijaría ordinariamente entre 8 y 40 horas, dentro del término de la medida, pero podría reducirlas o eximir al menor mediante una resolución escrita con razones individualizadas; el servicio tendría que ser supervisado y no podría incluir labores peligrosas, sustituir empleos remunerados ni permitir contacto no supervisado con personas vulnerables. También exige que el tribunal considere causas justificadas antes de atribuir incumplimiento y dispone que este no produzca automáticamente custodia. La coordinación para conseguir lugares de servicio queda a discreción del Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Rama Judicial y las entidades participantes; la ley usaría recursos legalmente disponibles y aplicaría solo a faltas cometidas desde su vigencia, que comenzaría 180 días después de su aprobación.
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