Para crear la “Ley del Registro Confidencial de Personas Electrodependientes” y encomendar al Departamento de Salud de Puerto Rico la creación, administración y actualización del Registro; disponer la inscripción voluntaria y gratuita mediante certificación médica de la electrodependencia sin identificar la condición de salud subyacente; limitar el acceso a los datos del Registro, para fines de respuesta a emergencias, al personal autorizado de la Policía de Puerto Rico, de los componentes operacionales del Departamento de Seguridad Pública y de las oficinas municipales de manejo de emergencias; establecer medidas de confidencialidad y seguridad; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Crea una ley y ordena al Departamento de Salud establecer y administrar un registro voluntario y gratuito para residentes de Puerto Rico cuya dependencia de equipo médico eléctrico certifique un médico. El registro incluirá nombre, dirección, contacto y constancia de electrodependencia; prohíbe incluir el diagnóstico o detalles clínicos, y exige verificar los datos de contacto al menos una vez al año. Para atender emergencias, permite consultar esos datos a personal autorizado de la Policía, de componentes operacionales del Departamento de Seguridad Pública y de las oficinas municipales de manejo de emergencias, con límites de jurisdicción y uso. Salud debe ponerlo en funcionamiento dentro de los 180 días siguientes a la aprobación y adoptar el ; el proyecto no ni otra ley.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
El P. del S. 1641 fue en el Senado el 17 de noviembre de 2026. El texto no identifica una comisión de referido ni registra votación o aprobación.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
“Para establecer la “Ley de la Oficina Enlace para el Apoyo y Registro de las Personas con Enfermedades Raras”, adscrita al Departamento de Salud, a los fines de recopilar, mantener y actualizar un registro oficial de las personas con enfermedades raras en la Isla; disponer su funcionamiento; determinar sus deberes, facultades y responsabilidades; y para otros fines relacionados.”
Esta medida legislativa, el P. del S. 416, propone crear la 'Ley de la Oficina Enlace para el Apoyo y Registro de las Personas con Enfermedades Raras'. Esta oficina, adscrita al Departamento de Salud, tendría como función principal recopilar, mantener y actualizar un registro oficial de personas con enfermedades raras en Puerto Rico. Afectaría directamente a las personas diagnosticadas con estas condiciones, sus familias, proveedores de salud y al Departamento de Salud, al establecer una nueva estructura y funciones para la gestión de información y coordinación de servicios.
Para crear la “Ley del Registro de Personas con Discapacidad Auditiva en Puerto Rico”, a los fines de establecer un registro oficial que recopile y mantenga información estadística sobre las personas con discapacidad auditiva en Puerto Rico; disponer sobre su administración y objetivos; establecer las guías para su implantación; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa crea la "Ley del Registro de Personas Sordas en Puerto Rico". Establece un registro oficial administrado por el Departamento de Salud, en coordinación con la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda (OECS), para recopilar y mantener información estadística sobre la población sorda en la Isla. Sus objetivos incluyen facilitar la planificación de programas, identificar necesidades de accesibilidad y mejorar la respuesta en emergencias. La ley estipula que el registro se desarrollará y mantendrá utilizando recursos existentes, sin crear nuevas plazas ni asignar fondos adicionales al presupuesto vigente.
Para enmendar el segundo subinciso (2) y el segundo subinciso (4) del inciso (d) de la Sección 22 de la Ley 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, denominada “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”, con el fin de facilitar la continuidad del servicio eléctrico para las personas que utilicen equipos o enseres eléctricos para conservar la vida; y para decretar otras disposiciones complementarias.
Enmienda la Sección 22(d)(2) y (4) de la Ley 83-1941, que regula créditos eléctricos para personas que necesitan equipos para conservar la vida. Quita la obligación de presentar anualmente la certificación médica, pero exige que tenga fecha de no más de 90 días antes de entregarla; siguen siendo anuales las certificaciones de residencia y, cuando se reclama pobreza, de escasos recursos. También elimina de la regla de elegibilidad la frase que excluye a quien tenga un plan de pago o atrasos, pero conserva el requisito de no tener deuda y añade que, si hay un plan estipulado con la AEE, sus sucesores o proveedores contratados, no se cancelarán los créditos ni se suspenderá o desconectará el servicio mientras se cumpla el plan. En la práctica, afecta a quienes solicitan esos créditos y a las entidades que facturan o proveen el servicio eléctrico.
“Para añadir un nuevo Artículo 6.21A a la Ley 57-2014, según enmendada, conocida como “Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico”, a los fines de establecer protecciones para clientes residenciales con dependencia médica de electricidad; y para otros fines relacionados.”
El Proyecto del Senado 1432 propone añadir un nuevo Artículo 6.21A a la Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico. Este nuevo artículo establece un registro voluntario para clientes residenciales con dependencia médica de electricidad, creando mecanismos de notificación, coordinación y priorización limitada durante interrupciones del servicio y suspensiones por falta de pago. Afecta directamente a pacientes que dependen de equipos eléctricos esenciales para su salud y a la entidad obligada (contratista de la red de transmisión y distribución), así como al Negociado de Energía y al Departamento de Salud.
Para crear la “Ley de Seguridad en la Comercialización de Baterías y Equipos de Micromovilidad Eléctrica”, a los fines de establecer requisitos de certificación técnica, información al consumidor y trazabilidad de determinados equipos y baterías de iones de litio ofrecidos en Puerto Rico; establecer excepciones, fiscalización, coordinación interagencial, reglamentación, implantación escalonada y vigencia; y para otros fines relacionados.
Crea una ley que condiciona la venta de baterías recargables de iones de litio y bicicletas, patinetas y otros dispositivos individuales de micromovilidad a que, cuando la reglamentación los cubra, el fabricante, importador o distribuidor conserve evidencia verificable de cumplimiento con la norma aplicable; el detallista puede usar los documentos de su suplidor. DACO debe reglamentar en 180 días y escoger estándares adecuados por categoría, incluidos los UL mencionados o equivalentes admitidos por autoridades federales. También exige información previa a la venta sobre responsable, modelo, certificación aplicable, uso, carga y advertencias, y reglas de identificación y documentación para baterías reacondicionadas. La ley entraría en vigor 90 días después de aprobarse, pero la certificación se exigiría a productos incorporados al inventario desde los 270 días; no deroga las normas de reciclaje ni establece un plazo para vender el inventario anterior.
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