Para crear la “Ley de Transparencia en las Transacciones de Bienes Digitales”, a los fines de exigir que los vendedores informen de manera clara, previa y separada cuando una transacción anunciada como compra concede únicamente una licencia de acceso o uso sujeta a restricciones; establecer exclusiones, facultades de fiscalización, procedimientos de implementación y salvaguardas de derechos; y para otros fines relacionados.
Qué propone
Crea la Ley de Transparencia en las Transacciones de Bienes Digitales, aplicable a vendedores que dirijan ofertas a consumidores en Puerto Rico. Si una oferta usa expresiones que sugieren una compra permanente pero concede una licencia revocable por razones distintas al incumplimiento del consumidor, exige un aviso claro antes del pago sobre la licencia, sus restricciones y las circunstancias identificables que podrían terminar el acceso. El vendedor debe incluir en el comprobante un resumen o enlace persistente a las condiciones divulgadas, y DACO fiscalizaría la ley y adoptaría un dentro de 180 días de su aprobación. Excluye suscripciones claramente identificadas como temporales, bienes gratuitos, copias funcionales permanentes fuera de línea y contratos empresariales negociados individualmente; regiría 270 días después de aprobarse y solo para transacciones posteriores.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
El P. del S. 1651 fue en el Senado el 17 de noviembre de 2026. El trámite consignado no identifica una comisión ni indica que haya sido aprobado.
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Última acción · 17 de noviembre de 2026
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para establecer la “Ley para la Cancelación de Suscripciones y Renovaciones Automáticas”; establecer requisitos de divulgación, consentimiento, notificación y cancelación aplicables a las ofertas de renovación automática y servicios continuos; disponer que el mecanismo de cancelación sea sencillo y, como regla general, esté disponible por el mismo medio utilizado por el consumidor para suscribirse o prestar su consentimiento; prohibir prácticas que obstaculicen o retrasen irrazonablemente la cancelación; establecer remedios, restitución y penalidades administrativas; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para implantar y fiscalizar esta Ley; y para otros fines relacionados.
La medida establece la Ley para la Cancelación de Suscripciones y Renovaciones Automáticas. Crea requisitos para que los comerciantes divulguen términos materiales, obtengan consentimiento afirmativo claro y ofrezcan mecanismos de cancelación tan sencillos como el de suscripción, disponibles por el mismo medio. Prohíbe prácticas obstructivas, establece remedios, penalidades administrativas y faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para su fiscalización. Afecta a comerciantes que ofrecen servicios continuos o renovaciones automáticas y a consumidores en Puerto Rico.
“Para crear la “Ley de Competencia y Transparencia en los Contratos de Servicios Financiados por Cargos a los Ciudadanos”; establecer la obligación de determinar y certificar el valor económico real de los contratos en que la contraprestación del contratista proviene, en todo o en parte, de cargos pagados por un ciudadano; requerir procesos competitivos para su adjudicación y renovación; regular las propuestas no solicitadas y prohibir el acceso previo a información, sistemas y personal gubernamental; disponer que los cargos por procesamiento se fijen por reglamento u ordenanza y sean razonables y proporcionales; requerir la certificación previa de la Puerto Rico Innovation and Technology Service; establecer el deber de contestar por escrito las recomendaciones de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico, la Oficina del Contralor de Puerto Rico y la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico; añadir un nuevo Artículo 32-A a la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019”; añadir un nuevo Artículo 17-A a la Ley 15-2017, según enmendada, conocida como “Ley del Inspector General de Puerto Rico”; añadir un nuevo Artículo 2.035-A y enmendar los Artículos 2.036 y 8.002 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”; y para otros fines relacionados.”
Crea una ley aplicable a las agencias y corporaciones públicas de la Rama Ejecutiva y a los municipios para contratos donde una empresa privada presta un servicio gubernamental y cobra cargos de procesamiento a quienes lo usan. El valor del contrato incluirá los pagos gubernamentales y el estimado de cargos a ciudadanos, calculado con el volumen de los tres años fiscales anteriores o, si no hay historial, con un estudio de demanda; ese valor lo certificará el principal funcionario de finanzas y se usará para determinar los requisitos de contratación y revisión. Sobre el umbral aplicable, exige subasta formal o solicitud de propuestas selladas, y asigna al costo total para los ciudadanos al menos el 30% de la puntuación; también exige que los cargos se aprueben por reglamento u ordenanza, sean razonables y proporcionales, y se muestren antes del pago. Prohíbe adjudicar directamente estos contratos por propuestas no solicitadas y limita el acceso previo del proponente a información no pública, sistemas y personal gubernamental; las emergencias permiten contratos de hasta 12 meses, sin renovación, y requieren iniciar competencia dentro de 60 días. Los contratos vigentes continúan hasta vencer, pero sus renovaciones deben cumplir la ley; la reglamentación general tiene un plazo de 120 días y los requisitos de cargos de los incisos 9(a) y 9(b), de 180 días.
Para regular la publicidad mediante el uso de Inteligencia Artificial en el mercadeo; exigir la divulgación clara y obligatoria cuando el contenido publicitario sea generado por IA; proteger a los consumidores de engaños y confusiones; y para otros fines relacionados.
Esta medida legislativa, conocida como la 'Ley para la Transparencia en la Publicidad Generada por Inteligencia Artificial en Puerto Rico', crea un nuevo marco regulatorio para la publicidad en la Isla. Exige que toda empresa publicitaria divulgue de manera clara y obligatoria el uso de Inteligencia Artificial (IA) en la creación de contenido publicitario, especificando cómo debe ser esta divulgación (frases, ubicación, tamaño, metadatos). Prohíbe omitir esta divulgación, usar IA para simular testimonios humanos sin evidencia real, dirigir publicidad IA engañosa a poblaciones vulnerables, o alterar divulgaciones. Establece sanciones administrativas y civiles a cargo del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y otorga a los consumidores el derecho a denunciar y recibir compensaciones por publicidad engañosa no divulgada. Afecta a todas las empresas que crean o distribuyen publicidad dirigida al público en Puerto Rico.
Para crear la " Ley de Derecho a la Cancelación de Suscripciones y Membresías de Puerto Rico"; establecer la política pública de cancelación sencilla de suscripciones y membresías, conocida como "click to cancel"; regular los acuerdos de consumo que contengan disposiciones de renovación automática o de servicios continuos; establecer requisitos de divulgación, consentimiento afirmativo y notificaciones previas; prohibir la obstrucción, el retraso o la demora de las cancelaciones; facultar al Departamento de Asuntos del Consumidor para su administración y cumplimiento; establecer penalidades; y para otros fines relacionados.
Crea la Ley de Derecho a la Cancelación de Suscripciones y Membresías y exige a los negocios que ofrezcan acuerdos cubiertos divulgar sus cargos, términos y condiciones de renovación, obtener consentimiento afirmativo y entregar una confirmación que el consumidor pueda conservar. Permite cancelar por el medio de contratación u otro medio habitual y, si la inscripción fue en línea, exige una opción de cancelación exclusivamente en línea; para solicitudes por buzón de voz con información suficiente, establece un plazo de un día laborable para cancelar. Excluye acuerdos con aseguradoras y entidades financieras reguladas, entre otros, y autoriza multas de $500 a $5,000 por violación y reembolsos de cargos indebidos. Ordena a DACO aprobar reglamentos dentro de 180 días de la aprobación y la ley entraría en vigor inmediatamente; no deroga expresamente otra ley.
Para añadir unos nuevos Artículos 2A y 2B a la Ley Núm. 132-2015, según enmendada, conocida como "Ley para la Preservación de la Buena Fe y Seguridad del Consumidor en la Contratación y Terminación de los Contratos sobre Bienes y Servicios", a los fines de definir y prohibir expresamente el uso de "patrones oscuros" (dark patterns); establecer requisitos de transparencia en la notificación de renovaciones automáticas; y para otros fines relacionados.
La medida propone añadir dos nuevos artículos (2A y 2B) a la Ley Núm. 132-2015. El Artículo 2A prohíbe expresamente el uso de 'patrones oscuros' (dark patterns) y otras técnicas engañosas que dificulten la cancelación de contratos o suscripciones. El Artículo 2B exige a los proveedores notificar a los consumidores con al menos 30 días de antelación sobre las renovaciones automáticas anuales, detallando el monto y la fecha, y ofreciendo un enlace o método directo para cancelar. Afecta a proveedores de bienes y servicios con contratos de suscripción o renovación automática y a los consumidores en Puerto Rico.
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