Para enmendar los Artículos 2, 3, 4 y 5, añadir nuevos artículos 6, 7, 8, 9,10, 11,y se renumeran los antiguos artículos 6, 7, 8 como los artículos 11, 12, 13 de la Ley Núm. 293-1999, según enmendada, mejor conocida como “Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico” a los fines de incluir a Comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres y el Principal Ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico; así como un miembro del sector privado que pertenezcan al sector turístico y un miembro de una organización sin fines de lucro comprometido con el ambiente; establecer responsabilidades de las agencias gubernamentales, así como a la responsabilidad de las plataformas de alquileres a corto plazo, los hoteles y los paradores de Puerto Rico de enviar una alerta a sus huéspedes, y para otros fines legales.

Para enmendar el artículo 2 de la Ley Núm. 293-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas de Puerto Rico”, a los fines de facultar a la Junta Interagencial para el Manejo de Playas a requerir a todos los hoteles, hospederías, paradores y alquileres a corto plazo, la publicación y divulgación del Código de Respuesta Rápida o QR Code de la plataforma Swim Safe PR; promulgar un reglamento para la expedición de multas por incumplimiento en la notificación y publicación del Código de Respuesta Rápida y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley 293-1999 para facultar a la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas a exigir a hoteles, hospederías, paradores y alquileres a corto plazo la publicación del Código QR de la plataforma Swim Safe PR. Establece multas administrativas de $100 por incumplimiento y requiere la promulgación de un reglamento para su expedición en un plazo de 60 días. Afecta directamente a los establecimientos turísticos y a los visitantes de playas.

Para establecer la “Ley para la protección y seguridad acuática de bañistas en Puerto Rico” con el propósito de integrar a los hoteles, hospederías y alojamientos a corto plazo en la diseminación de alertas y advertencias de riesgo de corrientes marinas y oleaje peligroso a sus huéspedes, establecer la responsabilidad del Negociado para el Manejo de Emergencias y Asistencia de Desastres, la Oficina de Turismo en el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio del Gobierno de Puerto Rico, Discover Puerto Rico y cualquier otra agencia que promocione el turismo en la Isla de establecer acuerdos colaborativos con el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan para informar a la población local y a turistas de las advertencias y alertas que esta emite sobre las condiciones peligrosas en el mar, establecer el deber de los hoteles, hospederías y alojamientos a corto plazo de informar a sus huéspedes sobre condiciones peligrosas en el mar, establecer multas en caso de incumplimiento, destinar el importe de esas multas al Fondo Especial de la Junta Interagencial de Playas para proteger a bañistas locales y visitantes en caso de condiciones peligrosas en el mar, mediante la presencia de salvavidas, rotulación informativa en las playas y campañas educativas, para enmendar el Artículo 7 de la Ley 293-1999, según enmendada, conocida como “Ley de la Junta Interagencial de Playas”, ordenar al Instituto de Ciencias Forenses incluir la localización específica del ahogamiento y la condición de residente o visitante de la persona fallecida en sus estadísticas; y para otros fines relacionados.

Esta medida crea la Ley para la protección y seguridad acuática de bañistas en Puerto Rico. Establece el deber de hoteles, hospederías y alojamientos a corto plazo de informar a sus huéspedes sobre condiciones peligrosas en el mar, integrándolos en la diseminación de alertas del Servicio Nacional de Meteorología. Se delega a NMEAD, la Oficina de Turismo y Discover Puerto Rico la responsabilidad de establecer acuerdos colaborativos para este fin. La medida también enmienda la Ley 293-1999 para destinar multas por incumplimiento al Fondo Especial de la Junta Interagencial de Playas y ordena al Instituto de Ciencias Forenses incluir la localización y estatus de residente o visitante en estadísticas de ahogamientos.

Para enmendar el Artículo 13 de Ley Núm. 132 de 25 de junio de 1968, según emendada, conocida como la “Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra” para garantizar una protección efectiva y práctica de las dunas, y las estructuras de atrapamiento para su restauración, estabilización o protección; y las tecnologías, estructuras o elementos que contemplen el uso de arena para restaurar las playas y mitigar la erosión costera; y para decretar otras disposiciones complementarias.

El P. del S. 1118 enmienda el Artículo 13 de la Ley Núm. 132 de 1968 para aumentar las sanciones por destruir dunas costeras o estructuras de restauración y estabilización de playas. Establece penas de restitución, multas de hasta $10,000, o reclusión de hasta tres años para daños a estructuras privadas o públicas. Si las estructuras afectadas fueron sufragadas total o parcialmente con fondos públicos, las penas se elevan a restitución total, multas de al menos $15,000, o reclusión fija de cinco años. La medida aplica a cualquier persona natural o jurídica, agencia gubernamental o instrumentalidad que cause la destrucción sin permiso de la Oficina de Gerencia de Permisos.