“Para crear la “Ley para la Exención Energética de Cláusulas de Reconciliación para los Hospitales de Puerto Rico”; establecer como política pública del Gobierno de Puerto Rico la exención de los cargos relacionados a la Cláusula de Reconciliación establecida en la factura de energía eléctrica a las instituciones hospitalarias que operan en Puerto Rico, a los fines de que dichas instituciones puedan destinar los recursos económicos resultantes de dicha exención al fortalecimiento de sus operaciones; y para otros fines relacionados.”

“Para ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (“AEE”) y/o al operador de la red eléctrica LUMA Energy, LLC. (“LUMA”) establecer un programa de amnistía parcial del veinticinco por ciento (25%) en la factura mensual del servicio de energía eléctrica para personas mayores de sesenta (60) años, sean personas pensionadas que reciben el seguro social, incluyendo aquellos con beneficios por discapacidad o cualquier tipo de pensión pública o privada cuyos ingresos mensuales no excedan los mil dólares ($1,000); y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 846 buscaba ordenar a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y/o a LUMA Energy a establecer un programa de amnistía parcial del 25% en la factura mensual de energía eléctrica para personas de 60 años o más, o pensionadas, con ingresos mensuales no mayores de $1,000. El programa tendría una duración inicial de 12 meses, prorrogable, y requeriría la coordinación con el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) para su supervisión. La medida afectaría directamente a los consumidores elegibles y, potencialmente, a todos los abonados del sistema eléctrico.

“Para establecer la "Ley para la Equidad Tarifaria en Pagos de Medicaid", a los fines de establecer la obligación de las aseguradoras de salud de pagar a los médicos tarifas equivalentes a las tarifas federales establecidas para Medicaid; establecer las facultades de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) para fiscalizar el cumplimiento de esta Ley; disponer sanciones administrativas para las aseguradoras que incumplan con el pago de tarifas justas; establecer un mecanismo de apelación para los médicos que reciban pagos inferiores a los establecidos por la presente Ley; y para otros fines relacionados.”

La "Ley para la Equidad Tarifaria en Pagos de Medicaid" busca obligar a las aseguradoras de salud que operan en Puerto Rico bajo el programa de Medicaid a pagar a los médicos y proveedores de salud tarifas equivalentes a las establecidas a nivel federal para servicios similares. La Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) sería la entidad encargada de fiscalizar este cumplimiento, con facultades para imponer sanciones administrativas a las aseguradoras que incumplan, y se crearía un mecanismo de apelación para los médicos que reciban pagos inferiores a los estipulados.

“Para enmendar la Ley 60-2019, conocida como el “Código de Incentivos de Puerto Rico”, a los fines de reactivar y extender la elegibilidad del decreto contributivo aplicable a la clase médica ya practicante en Puerto Rico y para otros fines relacionados.”

El Proyecto del Senado 849 buscaba enmendar la Ley 60-2019 (Código de Incentivos de Puerto Rico) para reactivar y extender la elegibilidad de un decreto contributivo especial (tasa del 4%) a médicos que ya ejercen en Puerto Rico. La medida pretendía corregir una exclusión percibida en la ley actual, que se enfoca más en atraer médicos del extranjero, y así incentivar la retención del talento médico local y fortalecer el sistema de salud. El cambio afectaría directamente a los médicos practicantes en la isla y, de forma indirecta, al sistema de salud y a los pacientes.

Para crear la “Ley de la Reforma Médica para la Eficiencia, Salud y Agilidad”, a los fines de crear eficiencia, transparencia y agilidad en la operación del sistema de salud de Puerto Rico mediante la regulación del proceso de reclamaciones sometidas por los proveedores de servicios de salud a las aseguradoras o planes médicos, tanto en la esfera privada como bajo el Plan Vital; para crear el Fondo REMESA; y para otros fines relacionados.

La medida crea la Ley REMESA para regular el proceso de reclamaciones entre proveedores de servicios de salud y aseguradoras o planes médicos, tanto en el sector privado como en el Plan Vital. Establece plazos estrictos para la adjudicación (15 días) y pago (7 días) de reclamaciones procesables, con penalidades por atraso (intereses del 0.03% diario). También regula la credencialización de proveedores (60 días para adjudicar, con aprobación automática si no hay respuesta) y prohíbe redes cerradas sin justificación. Crea un Programa REMESA de Repago de Préstamos para Subespecialistas y un portal digital para seguimiento. Afecta directamente a proveedores de salud, aseguradoras y pacientes al buscar agilizar y transparentar el flujo de pagos y el acceso a servicios médicos.

Para establecer la política pública de regionalización del sistema de salud; crear el Fondo de Apoyo Nacional para la Salud Pública y la Atención Primaria (FANSPAP); crear los Consejos de Salud Regionales; crear el Programa de Comunidades Saludables; crear la Red Nacional de Centros Comunitarios de Salud; y para otros fines relacionados.

La medida P. del S. 840 proponía establecer la regionalización del sistema de salud como política pública en Puerto Rico. Buscaba crear el Fondo de Apoyo Nacional para la Salud Pública y la Atención Primaria (FANSPAP) con una inversión inicial de $100 millones anuales, los Consejos de Salud Regionales, el Programa de Comunidades Saludables y la Red Nacional de Centros Comunitarios de Salud. Su objetivo era una gobernanza más participativa y cercana a las comunidades, enfocando recursos en promoción, prevención y atención primaria, especialmente para poblaciones vulnerables.