Qué propone
La Resolución de la Cámara 344 ordena a la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar un estudio y evaluación sobre la implementación y efectividad de la Ley Núm. 22 de 2021, conocida como la 'Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico'. Afecta directamente a la Comisión de Bienestar Social, que debe llevar a cabo la investigación, y de forma indirecta a la Oficina Enlace y a la comunidad sorda, al evaluar el funcionamiento de la ley que les concierne.
Pros
Contras
Intereses en juego
En qué va
La Resolución de la Cámara 344 fue el 27 de mayo de 2025 y referida a comisión el 29 de mayo de 2025, encontrándose actualmente en trámite legislativo en la Cámara de Representantes.
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Última acción · 29 de mayo de 2025
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto. Se encuentran por significado, no solo por palabras.
Para ordenar a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de los edificios y las estructuras históricas ubicados en los municipios que conforman el Distrito Senatorial de Arecibo, muchos de los cuales están bajo la custodia o administración del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
La Resolución del Senado 344 ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el estado actual de edificios y estructuras históricas en el Distrito Senatorial de Arecibo. La investigación, que debe completarse en 120 días, evaluará la condición estructural, gestiones de mantenimiento, fondos disponibles y estrategias de preservación y reutilización. Afecta directamente a la Comisión senatorial encargada y a las entidades que administran o custodian el patrimonio histórico en dicho distrito.
Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley Núm. 22-2021, conocida como "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico", por parte de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de garantizar su cumplimiento efectivo y su impacto en la comunidad sorda del país; y para otros fines relacionados.
Esta medida, una Resolución del Senado (RS 172), ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley 22-2021, la cual creó la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda. La investigación se enfocará en la labor de la Defensoría de las Personas con Impedimentos en dicha implementación, buscando garantizar el cumplimiento efectivo de la ley y su impacto en la comunidad sorda. La medida no crea nuevas leyes ni asigna fondos, sino que encarga un estudio legislativo.
Para enmendar el Artículo 4 de la Ley Núm. 22 de 5 de agosto de 2021, mejor conocida como “Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico”, con el fin de establecer el término de seis (6) años que ocupará el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
El Proyecto de la Cámara 302 buscaba enmendar el Artículo 4 de la Ley 22-2021 para establecer un término fijo de seis (6) años para el nombramiento del(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico. El nombramiento sería realizado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, tras recibir recomendaciones de organizaciones no gubernamentales, y permitiría una nominación para un segundo término. La medida afectaría directamente la estabilidad y continuidad del liderazgo de dicha Oficina.
Para enmendar la Sección 3 de la R. del S. 172, aprobada el 12 de junio de 2025, que ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Ley Núm. 22-2021, conocida como "Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda con el Gobierno de Puerto Rico", por parte de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Gobierno de Puerto Rico, con el propósito de garantizar su cumplimiento efectivo y su impacto en la comunidad sorda del país; y para otros fines relacionados.
La Resolución del Senado 338 enmienda la Sección 3 de la Resolución del Senado 172, aprobada en junio de 2025. La enmienda modifica el plazo para que la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos del Senado rinda un informe sobre la implementación de la Ley 22-2021 (Ley de la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda) por parte de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. El nuevo plazo es antes de concluir la Segunda Sesión Ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa (antes de noviembre de 2025). Afecta directamente a la Comisión del Senado y a la Defensoría.
Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el funcionamiento de los distintos organismos públicos responsables del desarrollo y promoción de las artes y la cultura en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 403 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la estructura, coordinación y desempeño de los organismos públicos encargados del desarrollo, promoción y fomento de las artes, la cultura y las industrias creativas en Puerto Rico. Busca evaluar si estas entidades responden a una política pública cultural coherente, si cuentan con recursos presupuestarios adecuados y si su labor está coordinada para maximizar la efectividad de los fondos públicos. Afecta directamente a la Comisión de Educación, que debe llevar a cabo la investigación, y de forma indirecta a los organismos culturales públicos y a la ciudadanía al buscar mejorar la gestión de recursos culturales.
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