Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en lo que concierne al proceso de nombramiento de las personas que han integrado el “Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos” durante los últimos diez (10) años; así como la legitimidad de las acciones tomadas por ese organismo, en caso de que se identifique que alguno o varios de sus integrantes ocupan o han ocupado el cargo de forma ilícita.

Intereses en juego

Beneficia a:

Las personas con impedimentos y sus comunidades, al buscar asegurar que el organismo encargado de defender sus derechos esté debidamente constituido y actúe conforme a la ley. También beneficia a la Cámara de Representantes al ejercer su función fiscalizadora.

Preocupa a:

Los actuales o pasados integrantes del Consejo Directivo que pudieran haber sido nombrados o actuado de forma ilícita o irregular, así como la institucionalidad de la Defensoría si se confirma que ha operado bajo una composición o legitimidad cuestionable.

Quién paga o decide:

El costo de la investigación (nómina de la comisión, recursos) es asumido por el presupuesto de la Cámara de Representantes. Las figuras políticas que deciden la implementación final son los miembros de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social y, posteriormente, la Cámara de Representantes al evaluar el informe.