Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en lo que concierne al proceso de nombramiento de las personas que han integrado el “Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos” durante los últimos diez (10) años; así como la legitimidad de las acciones tomadas por ese organismo, en caso de que se identifique que alguno o varios de sus integrantes ocupan o han ocupado el cargo de forma ilícita.

“Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en lo que concierne al proceso de nombramiento de las personas que han integrado el “Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos” durante los últimos diez (10) años; así como la legitimidad de las acciones tomadas por ese organismo, en caso de que se identifique que alguno o varios de sus integrantes ocupan o han ocupado el cargo de forma ilícita.”

La Resolución del Senado 181 (RS 181) ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico investigar el cumplimiento de la Ley 158-2015 (Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos) en cuanto al proceso de nombramiento de los miembros del Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos durante los últimos diez años, y la legitimidad de las acciones de dicho consejo si se identifican nombramientos ilícitos.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre aquellas acciones realizadas por el Gobierno de Puerto conducentes a divulgar información confidencial de residentes de Puerto Rico que pudieran constituir una violación a los derechos garantizados por las leyes y la Constitución de Puerto Rico; y que estén dirigidas a colaborar con los esfuerzos de arrestos y deportaciones de personas con estatus migratorio irregular por parte de las autoridades migratorias de los Estados Unidos; y para otros fines relacionados

La Resolución de la Cámara 358 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. Esta investigación se centrará en acciones del Gobierno de Puerto Rico que divulgaron información confidencial de residentes, potencialmente violando derechos constitucionales y legales. El objetivo es determinar si estas acciones colaboraron con esfuerzos de arresto y deportación de personas con estatus migratorio irregular por parte de autoridades federales de inmigración (ICE). La Comisión deberá presentar un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo de 180 días.

Para ordenar a las Comisiones de Seguridad Publica; y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre todo asunto relacionado con el tema de la seguridad y el crimen contra la población de adultos mayores de sesenta (60) años; los aspectos sociales, psicológicos y de ley y orden de esta situación desde la perspectiva de todas las agencias y entidades concernidas; propuestas de política pública y acción interagencial para atender la situación; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 374 ordena a las Comisiones de Seguridad Pública y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la seguridad y el crimen contra la población de adultos mayores de 60 años. El objetivo es analizar los aspectos sociales, psicológicos y de ley y orden, recopilar perspectivas de agencias y entidades concernidas, e identificar propuestas de política pública y acción interagencial para abordar esta problemática. La medida afecta directamente a los miembros de estas comisiones legislativas, a las agencias y entidades que serán investigadas, y de forma indirecta a la población de adultos mayores al buscar soluciones a su vulnerabilidad.

Para ordenar a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procesos de las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para implantar los Planes de Reorganización ordenados mediante la Ley Núm. 122-2017.

La Resolución de la Cámara de Representantes 71 ordena a la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo las agencias, departamentos y dependencias del Gobierno de Puerto Rico han implementado los Planes de Reorganización establecidos por la Ley 122-2017. La Comisión tiene 180 días para presentar un informe final con hallazgos, conclusiones y recomendaciones, pudiendo emitir informes parciales. Esta medida afecta a todas las entidades de la Rama Ejecutiva sujetas a los Planes de Reorganización de la Ley 122-2017.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación sobre el cumplimiento con la Ley Núm. 219-2006, según enmendada, conocida como “Ley para Fomentar el Empleo de Personas con Impedimentos Cualificados en las Agencias, Dependencias y Corporaciones Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”; con el propósito de recomendar las acciones legislativas y administrativas que deban adoptarse; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 406 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 219-2006, que exige a las agencias públicas emplear al menos un 5% de personas con impedimentos cualificados. El propósito es recomendar acciones legislativas y administrativas para mejorar la implementación de dicha ley. Afecta directamente a las agencias gubernamentales sujetas a la Ley 219-2006 y a la Comisión investigadora.