“Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en lo que concierne al proceso de nombramiento de las personas que han integrado el “Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos” durante los últimos diez (10) años; así como la legitimidad de las acciones tomadas por ese organismo, en caso de que se identifique que alguno o varios de sus integrantes ocupan o han ocupado el cargo de forma ilícita.”

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre el cumplimiento de la Ley 158-2015, según enmendada, conocida como “Ley de la Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, en lo que concierne al proceso de nombramiento de las personas que han integrado el “Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos” durante los últimos diez (10) años; así como la legitimidad de las acciones tomadas por ese organismo, en caso de que se identifique que alguno o varios de sus integrantes ocupan o han ocupado el cargo de forma ilícita.

La Resolución de la Cámara 348 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes investigar el cumplimiento de la Ley 158-2015, específicamente el proceso de nombramiento y la legitimidad de los integrantes del Consejo Directivo para la Defensa de las Personas con Impedimentos durante los últimos diez años. Busca determinar si hubo nombramientos ilícitos y evaluar la legitimidad de las acciones del Consejo. Afecta directamente al Consejo Directivo, a la Defensoría de las Personas con Impedimentos y a las personas con impedimentos en Puerto Rico.

Para ordenar a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico, a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, cumplimiento y efectividad de la Ley Núm. 229-2003, según enmendada, conocida como “Ley para garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos”; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 169 ordena a la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación, cumplimiento y efectividad de la Ley Núm. 229-2003, conocida como la Ley para garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos. La investigación debe evaluar el grado de cumplimiento en agencias, corporaciones públicas y municipios, identificar obstáculos, analizar la pertinencia de los estándares tecnológicos actuales y proponer recomendaciones legislativas o administrativas. Afecta directamente a las personas con impedimentos al buscar mejorar su acceso a la información gubernamental digital y a las entidades gubernamentales sujetas a la ley.

“Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación encaminada a obtener una radiografía de los servicios gubernamentales dirigidos a la población adulta con diversidad funcional, con especial atención a la sustentabilidad de los programas públicos, accesibilidad y calidad de los servicios, servicios a cuidadores, así como sobre aquellas asistencias públicas que les permitirían su desarrollo pleno como ciudadanos productivos e independientes; evaluar el cumplimiento de las agencias de gobierno con la política pública en beneficio de las personas con diversidad funcional; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 41 ordenaba a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva. El objetivo era obtener un panorama completo de los servicios gubernamentales dirigidos a adultos con diversidad funcional, enfocándose en la sostenibilidad de programas, accesibilidad y calidad de servicios, apoyo a cuidadores, y asistencia para el desarrollo pleno e independencia de esta población. También buscaba evaluar el cumplimiento de las agencias con la política pública establecida.

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento por parte de las entidades del Gobierno de Puerto Rico con las disposiciones de la Ley 229-2003, según enmendada, conocida como Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos, a los fines de identificar deficiencias en su implementación y formular las medidas correctivas necesarias.

La Resolución del Senado 130 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva. El propósito es evaluar el cumplimiento por parte de las entidades gubernamentales de Puerto Rico con la Ley 229-2003 (Ley para Garantizar el Acceso de Información a las Personas con Impedimentos). La investigación busca identificar deficiencias en la implementación de dicha ley y proponer medidas correctivas.

Para ordenar a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación abarcadora sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley federal “Americans with Dissabilities Act” (ADA, por sus siglas en inglés), Ley Pública 101-336, y en la Ley 238-2004, según enmendada, denominada como “La Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos”, por parte del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo los gobiernos municipales; y para otros fines relacionados.

La Resolución del Senado 251 ordena a la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el cumplimiento del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo municipios, con la ley federal 'Americans with Disabilities Act' (ADA) y la ley estatal 'Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos' (Ley 238-2004). La Comisión tiene 120 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.