Qué propone
Esta Resolución de la Cámara (RC 575) ordena a las Comisiones de Asuntos de la Juventud y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo se ha implementado y cumplido la Resolución Conjunta 1-2023. La RC 1-2023, aprobada en enero de 2023, exigía a varios departamentos del Poder Ejecutivo crear un Plan de Emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en un plazo de 60 días, además de otras responsabilidades como campañas educativas y colaboración estadística. La investigación busca determinar si estas disposiciones se han cumplido adecuadamente.
Pros
Contras
Intereses en juego
📜 Perspectiva histórica
Esta medida se inscribe en la crisis estructural crónica del sistema de protección de menores, un tema que los fragmentos históricos documentan a través de la sobrecarga administrativa de agencias como ADFAN y las denuncias de gremios de trabajadores sociales. La investigación legislativa busca fiscalizar la implementación de un plan de emergencia, lo que refleja la recurrente necesidad de mejorar la respuesta gubernamental ante el maltrato infantil, un problema que ha sido objeto de auditorías y críticas por la falta de personal y el atraso en la atención de querellas.
En qué va
La Resolución de la Cámara 575 fue el 29 de enero de 2026 y referida a la Comisión de Asuntos Internos, aunque la medida ordena la investigación por las Comisiones de Asuntos de la Juventud y de lo Jurídico. Apareció en Primera Lectura de la Cámara el 2 de febrero de 2026.
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Última acción · 2 de febrero de 2026
Referido a Comisión(es)
Otras medidas sobre el mismo asunto, encontradas por significado (no solo por palabras).
Para ordenar a las Comisiones de Gobierno y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de los casos de maltrato a menores, la cantidad de trabajadores sociales reclutados luego de la entrada en vigor de la Ley Núm. 57 de 11 de mayo de 2023, mejor conocida como “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”; y cotejar el cumplimiento de la certificación requerida en el Artículo 83 de la Ley 57-2023; y para otros fines relacionados.
La Resolución de la Cámara 389 ordena a las Comisiones de Gobierno y de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a realizar una investigación sobre cómo se manejan los casos de maltrato a menores. Específicamente, se busca determinar la cantidad de trabajadores sociales reclutados tras la aprobación de la Ley 57-2023 y verificar si cumplen con la certificación requerida en el Artículo 83 de dicha ley. El objetivo es evaluar la capacidad institucional del Departamento de la Familia para proteger a los menores.
Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la utilización, efectividad, implantación y administración de las órdenes de protección expedidas al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”; la Ley 148-2015, según enmendada, conocida como la “Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico”; y la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, incluyendo el análisis de estadísticas relacionadas con solicitudes, concesiones, denegatorias, incumplimientos y procesamiento criminal por violaciones a órdenes de protección; la evaluación de los protocolos de análisis de riesgo y letalidad utilizados por las agencias concernidas; el impacto de la legislación vigente sobre la protección de víctimas; la uniformidad en la aplicación de los criterios utilizados por los tribunales en las distintas regiones judiciales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.
La Resolución de Cámara 723 ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la expedición, efectividad, implantación y administración de las órdenes de protección bajo cuatro leyes clave: la Ley 54 de Violencia Doméstica, la Ley 284 de Acecho, la Ley 148 de Violencia Sexual y la Ley 57 de Protección de Menores. La investigación debe incluir el análisis de estadísticas de solicitudes, concesiones, denegatorias, incumplimientos y procesamientos criminales, así como la evaluación de protocolos de riesgo, el impacto de la legislación vigente y la uniformidad en la aplicación judicial.
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