Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la utilización, efectividad, implantación y administración de las órdenes de protección expedidas al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”; la Ley 148-2015, según enmendada, conocida como la “Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico”; y la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, incluyendo el análisis de estadísticas relacionadas con solicitudes, concesiones, denegatorias, incumplimientos y procesamiento criminal por violaciones a órdenes de protección; la evaluación de los protocolos de análisis de riesgo y letalidad utilizados por las agencias concernidas; el impacto de la legislación vigente sobre la protección de víctimas; la uniformidad en la aplicación de los criterios utilizados por los tribunales en las distintas regiones judiciales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a las comisiones de Asuntos de la Mujer y de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la atención a las víctimas de violencia doméstica en las instituciones hospitalarias y de salud; la implantación de los protocolos requeridos y el cumplimiento con los mismos; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 253 ordena a las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la atención a víctimas de violencia doméstica en hospitales y centros de salud públicos y privados. Busca evaluar la efectividad de los protocolos existentes, la capacitación del personal y los servicios ofrecidos, así como la necesidad de medidas adicionales para fortalecer la intervención médica y el seguimiento a las personas afectadas. No crea nuevas leyes ni asigna fondos, sino que ordena un estudio legislativo.

Para ordenar a las comisiones de Asuntos de la Juventud y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una exhaustiva investigación sobre la implementación y cumplimiento de las disposiciones de la Resolución Conjunta 1-2023, conocida como Resolución Conjunta del Plan de Emergencia para Atender la Crisis de Abuso y Maltrato de Menores en Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución de la Cámara (RC 575) ordena a las Comisiones de Asuntos de la Juventud y de lo Jurídico de la Cámara de Representantes llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre cómo se ha implementado y cumplido la Resolución Conjunta 1-2023. La RC 1-2023, aprobada en enero de 2023, exigía a varios departamentos del Poder Ejecutivo crear un Plan de Emergencia para atender la crisis de abuso y maltrato de menores en un plazo de 60 días, además de otras responsabilidades como campañas educativas y colaboración estadística. La investigación busca determinar si estas disposiciones se han cumplido adecuadamente.

Para ordenar a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación sobre los 9,914 referidos de posible maltrato infantil detectó la Secretaria nominada al asumir las riendas del Departamento de la Familia.

La Resolución de la Cámara 73 ordena a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social de la Cámara de Representantes a investigar la cifra de 9,914 referidos de posible maltrato infantil detectados por la Secretaria nominada del Departamento de la Familia al asumir su cargo. La investigación deberá examinar los casos no asignados y en proceso de análisis, y la Comisión tendrá 180 días para rendir un informe con hallazgos y recomendaciones. Afecta directamente a la gestión del Departamento de la Familia y a la fiscalización legislativa sobre la protección de menores.