Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva relacionada con los programas, iniciativas y mecanismos existentes en Puerto Rico dirigidos a la rehabilitación, reeducación y manejo conductual de personas convictas por delitos de violencia de género y/o violencia doméstica; evaluar su base legal, efectividad, alcance, coordinación con el sistema de justicia, cumplimiento con la política pública vigente y su impacto en la reducción de la reincidencia; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre el estado e implementación por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Policía de Puerto Rico, el Departamento de Justicia, la Administración de Tribunales, el Departamento de la Vivienda y las organizaciones sin fines de lucro que ofrezcan servicios a víctimas sobrevivientes de violencia doméstica sobre el estado actual de acceso a vivienda segura o de traslado seguro a una vivienda, en cumplimiento con la "Violence Against Women Act" de 1994 y el programa estatal establecido bajo ésta; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución de la Cámara (RC 419) ordena a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva. El objetivo es evaluar el estado de implementación y acceso a vivienda segura o traslado seguro para víctimas de violencia doméstica, por parte de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, la Policía, Justicia, Administración de Tribunales, Vivienda y organizaciones sin fines de lucro. La investigación debe verificar el cumplimiento de la ley federal 'Violence Against Women Act' (VAWA) de 1994 y su programa estatal. Afecta directamente a las agencias y organizaciones mencionadas, que deberán proveer información, y busca beneficiar a las víctimas de violencia doméstica al mejorar su acceso a vivienda segura.

Para ordenar a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre los procedimientos y las consideraciones para la denegación de las órdenes de protección y las extensiones de las mismas, así como estudiar el cumplimiento con el deber de informar a las víctimas sobre el plan de acción de protección; y para otros fines relacionados.

La Resolución de Cámara 709 ordena a la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a realizar una investigación exhaustiva sobre los procedimientos de denegación y extensión de órdenes de protección, y el cumplimiento del deber de informar a las víctimas sobre planes de acción de protección. La investigación deberá identificar áreas de mejora y posibles enmiendas legislativas o mecanismos para una protección más eficiente y adecuada de las víctimas de violencia doméstica. Afecta directamente a la Comisión de Asuntos de la Mujer, a las víctimas de violencia doméstica, a los funcionarios judiciales y de seguridad pública, y al sistema de justicia en general en cuanto a la aplicación de la Ley 54.

Para ordenar a las comisiones de Asuntos de la Mujer y de Salud de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la atención a las víctimas de violencia doméstica en las instituciones hospitalarias y de salud; la implantación de los protocolos requeridos y el cumplimiento con los mismos; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 253 ordena a las Comisiones de Asuntos de la Mujer y de Salud de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva. Esta indagación se centrará en los protocolos de atención a víctimas de violencia doméstica en facilidades de salud públicas y privadas, la efectividad de dichos protocolos, la capacitación del personal y los servicios ofrecidos. El objetivo es evaluar la respuesta actual del sistema de salud y determinar la necesidad de implementar medidas adicionales para fortalecer la intervención médica y el seguimiento a las personas afectadas.

Para ordenar a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre la utilización, efectividad, implantación y administración de las órdenes de protección expedidas al amparo de la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica”; la Ley Núm. 284 de 21 de agosto de 1999, según enmendada, conocida como la “Ley Contra el Acecho en Puerto Rico”; la Ley 148-2015, según enmendada, conocida como la “Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual en Puerto Rico”; y la Ley 57-2023, según enmendada, conocida como la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores”, incluyendo el análisis de estadísticas relacionadas con solicitudes, concesiones, denegatorias, incumplimientos y procesamiento criminal por violaciones a órdenes de protección; la evaluación de los protocolos de análisis de riesgo y letalidad utilizados por las agencias concernidas; el impacto de la legislación vigente sobre la protección de víctimas; la uniformidad en la aplicación de los criterios utilizados por los tribunales en las distintas regiones judiciales de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 723 ordena a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la utilización, efectividad, implantación y administración de las órdenes de protección expedidas bajo cuatro leyes clave: la Ley de Violencia Doméstica (54-1989), la Ley Contra el Acecho (284-1999), la Ley de Protección de Víctimas de Violencia Sexual (148-2015) y la Ley de Protección de Menores (57-2023). La investigación debe incluir análisis de estadísticas, evaluación de protocolos de riesgo y letalidad, impacto de la legislación vigente y uniformidad en la aplicación judicial. Afecta directamente a las víctimas de violencia doméstica, acecho y sexual, así como a las agencias involucradas en la expedición y cumplimiento de estas órdenes.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo de las querellas administrativas presentadas contra empleados de la Policía de Puerto Rico relacionadas con el manejo inadecuado de casos de violencia de género; evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos disciplinarios y mecanismos de supervisión existentes; identificar potenciales deficiencias institucionales; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 667 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre cómo se manejan las querellas administrativas contra policías por mal manejo de casos de violencia de género. Busca evaluar la efectividad de los protocolos, procedimientos y supervisión, e identificar deficiencias institucionales. Afecta directamente a la Policía de Puerto Rico y a las víctimas de violencia de género, al buscar mejorar la respuesta institucional.