Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la implementación de los Objetivos de la Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramiento de la Policía de Puerto Rico en conformidad con la Ley 83-2025, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico”, la cual dispone que como parte de estos objetivos se establezca de forma compulsoria un seminario anual de Lenguaje de Señas como parte de la educación continua que reciben los miembros de la Policía; evaluar su cumplimiento en cuanto al ofrecimiento, participación y efectividad; auscultar la viabilidad de incluir un curso de Lenguaje de Señas como parte del ofrecimiento académico por el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico; y para otros fines relacionados.

Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 56-2018, la cual incorpora los cursos de lenguaje de señas en las instituciones educativas de nivel elemental, intermedio y superior; evaluar su cumplimiento y efectividad; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 150 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes realizar una investigación sobre la implementación de la Ley 56-2018. Esta ley busca incorporar cursos de lenguaje de señas en los niveles educativo elemental, intermedio y superior. La investigación evaluará el cumplimiento y la efectividad de dicha ley.

Para ordenar a las comisiones de Educación, Arte y Cultura, y de Seguridad Pública, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva del currículo del Negociado de la Policía de Puerto Rico en los temas relacionados con la violencia doméstica; el cumplimiento del NPPR con todas las disposiciones relacionadas a los adiestramientos de violencia doméstica contenidos en el “Acuerdo para la Reforma Sostenible de la Policía de Puerto Rico” del 17 de junio de 2013; la preparación y experiencia de los adiestradores e instructores; así como los datos recopilados sobre la efectividad y eficiencia de los mismos; para que ofrezca sus recomendaciones; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 8 ordena a las comisiones de Educación y de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre el currículo de adiestramiento del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) en temas de violencia doméstica. Busca verificar el cumplimiento con el Acuerdo de Reforma Sostenible de 2013, evaluar la preparación de instructores y la efectividad de los adiestramientos, con el fin de proponer recomendaciones de mejora. Afecta directamente al NPPR y a las comisiones legislativas encargadas de la investigación.

Para ordenar a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, investigar y evaluar los protocolos del Departamento de Educación relacionados con la preparación y respuesta ante incidentes de tirador activo en las escuelas, incluyendo planes de adiestramiento a la comunidad escolar en general; calendarios de simulacro; así como todo otro esfuerzo de prevención sobre este tema; y para otros fines relacionados.

La Resolución de la Cámara 48 ordena a la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes investigar y evaluar los protocolos del Departamento de Educación sobre preparación y respuesta ante incidentes de tirador activo en escuelas. Esto incluye revisar planes de adiestramiento a la comunidad escolar, calendarios de simulacros y otros esfuerzos de prevención. La medida busca asegurar la efectividad de las medidas de seguridad y preparación implementadas por el Departamento de Educación.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre la situación actual del Negociado de la Policía de Puerto Rico, incluyendo los principales retos que enfrenta, tales como su composición, la retención de agentes graduados de las más recientes academias, el éxodo de agentes en los últimos años, la cantidad de agentes elegibles para el retiro durante este cuatrienio, el proceso de reclutamiento, las políticas, condiciones laborales e incentivos y el impacto proyectado de un posible retiro masivo en el año 2025, con el fin de desarrollar estrategias para su fortalecimiento.

La Resolución de la Cámara 82 ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la situación actual del Negociado de la Policía de Puerto Rico. La investigación debe cubrir retos como la composición de la fuerza, retención de agentes, éxodo, elegibles para retiro, reclutamiento, políticas laborales, incentivos y el impacto proyectado de retiros masivos en 2025, con el fin de desarrollar estrategias de fortalecimiento. La Comisión tiene 180 días para rendir un informe con hallazgos, conclusiones y recomendaciones.

“Para ordenar a las comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación integral sobre el impacto de la carencia de intérpretes de lenguaje de señas en el sistema de justicia de Puerto Rico, con el propósito de evaluar el acceso efectivo de las personas sordas y con impedimentos auditivos a los procedimientos judiciales y administrativos, detectar deficiencias en el cumplimiento de las normativas y leyes vigentes, y formular recomendaciones y medidas correctivas que garanticen el ejercicio pleno del derecho al debido proceso; y para otros fines relacionados.”

La Resolución del Senado 90 ordena a las comisiones de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional; y de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico a realizar una investigación integral sobre la carencia de intérpretes de lenguaje de señas en el sistema de justicia. El objetivo es evaluar el acceso efectivo de personas sordas y con impedimentos auditivos a procedimientos judiciales y administrativos, detectar deficiencias en el cumplimiento de normativas y formular recomendaciones correctivas. La investigación debe completarse en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de su aprobación.