Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva en torno a la ejecución de la Ley 22-2000, según emendada y el reglamento aplicable para auscultar cuales son las pruebas que se les realizan a los conductores, específicamente las utilizadas ante los motivos fundados de un agente de orden público por uso de drogas o sustancias controladas en una detención; analizar el proceso de la cadena de custodia, la efectividad o la ineficiencia de esta ante el tiempo de espera. Así como evaluar estadísticas, estudios, estrategias, protocolos y cualquier acción del Estado para encausar a conductores que de manera ilegal conducen por las vías públicas bajo los efectos de alcohol, drogas o sustancias controladas. También, buscar modernizar la Ley con nuevos métodos o alternativas efectivas en otras jurisdicciones para que todo análisis y/o prueba tengan efectividad y confiabilidad en su aplicación; y para otros fines relacionados.