Para enmendar el Artículo 7.09 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, con el propósito de establecer…

Contras

• •El articulado no especifica qué organismo será el responsable de imponer la multa de $1,000 ni el procedimiento administrativo para su cobro, más allá de indicar que el agente del orden público la impondrá en casos de ciudadanos con licencia. La ley base tampoco detalla un proceso administrativo específico para esta nueva falta, lo que podría generar incertidumbre o vacíos en la ejecución.
• •Aunque la medida busca armonizar con la jurisprudencia, la ley base vigente (Artículo 7.09(a)) indica que la negativa a someterse a pruebas de alcohol, drogas o sustancias controladas puede resultar en arresto para trasladar al conductor a una facilidad médico-hospitalaria para extracción de muestras 'previa orden judicial'. La medida actual, al penalizar la negativa a la prueba de aliento con multa administrativa, no aclara si este procedimiento de arresto para extracción de sangre bajo orden judicial sigue aplicándose en casos de negativa a la prueba de aliento, creando una posible ambigüedad sobre el alcance de la 'falta administrativa' frente a un posible arresto.
• •La medida excluye de sanción la negativa a una prueba de sangre si se realiza la prueba de campo, pero no detalla qué sucede si la prueba de campo no puede realizarse por razones ajenas al conductor o si el agente no la considera concluyente. La ley base vigente (Artículo 7.09(a)) permite el arresto para extracción de sangre previa orden judicial si el intervenido se niega a las pruebas, lo cual podría verse afectado o no completamente cubierto por la nueva disposición que solo exime de multa por negativa a prueba de sangre si se realiza la prueba de campo.