“Para enmendar el Artículo 7.06 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” a los fines de eliminar la posibilidad de penas alternativas a la reclusión para los conductores que provoquen la muerte de otra persona mientras conducen bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias controladas; y para otros fines relacionados.”

Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 3.19; enmendar el Artículo 3.23 en sus incisos (a) y (e); enmendar el Artículo 3.26 en su inciso (A); enmendar el Artículo 4.02 en su inciso (b); añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 5.02; enmendar el Artículo 5.07 (B), (C), (D) y añadir un nuevo inciso (E); enmendar el Artículo 7.06; y enmendar el Artículo 7.07, en sus incisos (f) y (g), de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; y para enmendar el Artículo 96 del Código Penal de Puerto Rico, Ley 146-2012, según enmendada; a los fines de establecer disposiciones más severas cuando se ocasiona la muerte a una persona; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 720, enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) y el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para endurecer las sanciones y consecuencias legales cuando un conductor causa la muerte de otra persona. Introduce la revocación permanente de la licencia de conducir tras una sentencia de culpabilidad por causar muerte, y establece la confiscación del vehículo y una multa fija de $5,000 si la muerte se debió a negligencia crasa y temeraria. Afecta directamente a conductores que cometan estas infracciones graves y a las víctimas y sus familias al buscar mayor disuasión y justicia.

Para establecer la "Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas", enmendar el Artículo 2, de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", a los fines de imponer la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción en la que una persona sea convicta como consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y que cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano, sujeta a las disposiciones establecidas en el Artículo 7.06 de dicha Ley.

La medida enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 1946, conocida como 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba'. Su propósito es imponer obligatoriamente la sentencia de reclusión en casos de delitos graves y delitos menos graves relacionados con la conducción bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas (Artículos 7.01, 7.02, 7.03 de la Ley 22-2000) cuando estos actos resulten en grave daño corporal o la muerte de otra persona. Esto elimina la discreción judicial para conceder sentencia suspendida o libertad a prueba en estas circunstancias específicas y graves.

Para enmendar el Artículo 7.09 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehiculos y Tránsito de Puerto Rico", con el propósito de establecer que, toda persona que se negare, objetare, resistiere o evadiere someterse al procedimiento de las pruebas de alcohol, drogas o sustancias controladas, incurrirá en delito menos grave y será sancionada, por su primera convicción con pena de multa fija de tres mil (3,000) dólares; y para convicciones subsiguientes, la pena de multa será no menor de tres mil (3,000) dólares ni mayor de cinco mil (5,000) dólares o pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o ambas penas a discreción del Tribunal; y para otros fines relacionados.

La medida propone enmendar el Artículo 7.09 de la Ley 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito. Establece que negarse, objetar, resistir o evadir someterse a pruebas de alcohol, drogas o sustancias controladas constituirá un delito menos grave. La sanción por primera convicción será una multa fija de $3,000. Convictiones subsiguientes conllevan multas de $3,000 a $5,000, reclusión de hasta seis meses, o ambas, a discreción del tribunal. Afecta a cualquier conductor intervenido por un agente del orden público que presente indicios de estar bajo la influencia de sustancias controladas o alcohol.