Para enmendar el Artículo 7.06 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para aclarar su propósito y alcance; y para otros fines relacionados.

Para añadir un nuevo inciso (j) al Artículo 3.19; enmendar el Artículo 3.23 en sus incisos (a) y (e); enmendar el Artículo 3.26 en su inciso (A); enmendar el Artículo 4.02 en su inciso (b); añadir un nuevo inciso (k) al Artículo 5.02; enmendar el Artículo 5.07 (B), (C), (D) y añadir un nuevo inciso (E); enmendar el Artículo 7.06; y enmendar el Artículo 7.07, en sus incisos (f) y (g), de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; y para enmendar el Artículo 96 del Código Penal de Puerto Rico, Ley 146-2012, según enmendada; a los fines de establecer disposiciones más severas cuando se ocasiona la muerte a una persona; y para otros fines relacionados.

La medida, Proyecto de la Cámara 720, enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) y el Código Penal de Puerto Rico (Ley 146-2012) para endurecer las sanciones y consecuencias legales cuando un conductor causa la muerte de otra persona. Introduce la revocación permanente de la licencia de conducir tras una sentencia de culpabilidad por causar muerte, y establece la confiscación del vehículo y una multa fija de $5,000 si la muerte se debió a negligencia crasa y temeraria. Afecta directamente a conductores que cometan estas infracciones graves y a las víctimas y sus familias al buscar mayor disuasión y justicia.

Para establecer la "Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas", enmendar el Artículo 2, de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", a los fines de imponer la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción en la que una persona sea convicta como consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y que cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano, sujeta a las disposiciones establecidas en el Artículo 7.06 de dicha Ley.

La medida enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 1946, conocida como 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba'. Su propósito es imponer obligatoriamente la sentencia de reclusión en casos de delitos graves y delitos menos graves relacionados con la conducción bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas (Artículos 7.01, 7.02, 7.03 de la Ley 22-2000) cuando estos actos resulten en grave daño corporal o la muerte de otra persona. Esto elimina la discreción judicial para conceder sentencia suspendida o libertad a prueba en estas circunstancias específicas y graves.

Para enmendar el Artículo 3.06 (h); añadir un nuevo inciso (g) al Artículo 3.16; enmendar el Artículo 3.19 (c); enmendar el Artículo 3.23 en sus incisos (a) y (e); enmendar el Artículo 3.26 (A); enmendar el Artículo 4.02; enmendar el Artículo 5.07 y añadir unos nuevos incisos (E) y (F); enmendar el Artículo 7.06; y enmendar el Artículo 7.07, en sus incisos (f) y (g), de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”; para enmendar el Artículo 96 del Código Penal de Puerto Rico, Ley 146-2012, según enmendada; y para añadir un nuevo inciso (f) al Artículo 8 de la Ley 119-2011, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones del 2011”; a los fines de incorporar disposiciones específicas en los casos donde un conductor incurre en negligencia crasa y temeraria al manejar un vehículo de motor que resulte en la muerte o lesión grave y permanente de la integridad física de la víctima y el conductor se dé a la fuga abandonando la escena del accidente; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 118 enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000), el Código Penal (Ley 146-2012) y la Ley Uniforme de Confiscaciones (Ley 119-2011). Busca endurecer las sanciones para conductores que cometan negligencia crasa y temeraria, resultando en muerte o lesión grave y permanente, y luego abandonen la escena del accidente ('hit and run'). Se amplían los cursos educativos obligatorios, se endurecen las causales de revocación de licencias (una sola convicción basta para revocación permanente en estos casos graves), se contempla la confiscación de vehículos y se aumentan las penas de cárcel y multas para los infractores. Afecta directamente a conductores que incurran en estas conductas y a las víctimas de dichos accidentes.