Para establecer la "Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas", enmendar el Artículo 2, de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", a los fines de imponer la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción en la que una persona sea convicta como consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y que cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano, sujeta a las disposiciones establecidas en el Artículo 7.06 de dicha Ley.

Intereses en juego

Beneficia a:

Las víctimas y sus familias, al garantizar que los responsables de causar muerte o grave daño corporal bajo los efectos de sustancias controladas o alcohol enfrenten sentencias de reclusión obligatorias, y la sociedad en general al promover mayor seguridad vial y disuasión.

Preocupa a:

Los individuos que cometan estos delitos graves y menos graves bajo influencia, quienes pierden la posibilidad de sentencias suspendidas o libertad a prueba, y potencialmente al sistema judicial y correccional si no se planifica adecuadamente para la carga de reclusos.

Quién paga o decide:

El costo de nómina y operación del sistema judicial y correccional recae en el erario público. La decisión final sobre la implementación y supervisión recae en los tribunales y el Departamento de Corrección, bajo la autoridad legislativa y ejecutiva.