PC 994

Para enmendar el Artículo 7.04 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer…

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Para enmendar el Artículo 7.04 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer como requisito compulsorio la instalación del dispositivo de interbloqueo de la ignición desde la primera convicción por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes; exigir que dichos dispositivos cuenten con tecnología de verificación de identidad visual mediante cámara; establecer la obligatoriedad de sistemas de reporte electrónico automático al Tribunal y al Departamento; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónAprobadaLey

Resumen de la medida

Qué propone

el Artículo 7.04 de la Ley 22-2000: por una primera infracción, el Tribunal puede, pero no tiene que, condicionar la restitución restringida de la licencia a un interbloqueo por un mínimo de 180 días después de terminar la suspensión. En una segunda convicción, ordena el dispositivo como condición para la restitución restringida por al menos 12 meses; en ambos casos exige evidencia de instalación dentro de 10 días laborables y dispone verificación visual y reportes electrónicos automáticos al Tribunal, DTOP y ASSMCA. Además, asigna a la Comisión para la Seguridad en el Tránsito la certificación de dispositivos y proveedores, al DTOP la auditoría y posibles sanciones administrativas, y a ASSMCA la evaluación de cumplimiento; permite que el Tribunal autorice pagos o exima del costo por incapacidad económica. Las agencias deben adoptar coordinados dentro de 90 días, y la ley entra en vigor 180 días después de su aprobación.

Pros

•Para una primera infracción, el Artículo 7.04 no contemplaba el interbloqueo; ahora el Tribunal puede condicionar a él la licencia restringida por al menos 180 días. Cuando lo ordene, añade una barrera física que antes no alcanzaba a esa categoría de infractores.
•Cuando se ordena el dispositivo en primera infracción, debe captar visualmente al usuario en cada prueba; para segunda convicción debe permitir verificar identidad por foto o video. Los reportes automáticos de manipulación e incumplimientos se envían al Tribunal, DTOP y ASSMCA, creando información de supervisión que el Artículo 7.04 no exigía.
•La Comisión certifica los dispositivos y proveedores, y el DTOP audita a los proveedores y puede imponer medidas correctivas, multas, suspensiones o revocar autorizaciones. Esto establece responsabilidades y consecuencias administrativas específicas para supervisar el servicio.
•Si el Tribunal determina que la persona convicta no puede pagar, puede autorizar un plan o eximirla total o parcialmente de adquisición, instalación y mantenimiento, una opción que el Artículo 7.04 no ofrecía para estos costos.

Contras

•En primera infracción, el dispositivo no es obligatorio: queda a discreción del Tribunal y el texto no fija criterios para decidir cuándo ordenarlo. Personas en situaciones similares podrían recibir condiciones distintas, y el cambio no garantiza que todos los infractores primarios queden sujetos al interbloqueo.
•La persona convicta paga el dispositivo y su mantenimiento, salvo que el Tribunal conceda alivio. La medida no establece criterios concretos para determinar incapacidad económica ni asigna fondos para cubrir los costos cuando haya , por lo que la posibilidad práctica de cumplir puede depender de decisiones judiciales y de la capacidad de pago.
•La ley exige capturar imágenes durante las pruebas y transmitir información de incumplimientos y otros eventos a tres entidades, pero no fija límites de retención, acceso, uso secundario ni medidas mínimas de seguridad de esos datos visuales y electrónicos.
•El DTOP respaldó la medida, pero advirtió que habría que evaluar recursos presupuestarios para sostener la infraestructura administrativa. El proyecto le asigna auditorías, supervisión operacional y ejecución de trámites de licencias sin asignar una partida específica.

Intereses en juego

Beneficia a:: Las agencias reciben reportes y facultades de supervisión; los proveedores que obtengan certificación pueden participar en el programa. También puede beneficiarse la seguridad vial cuando el Tribunal ordene el dispositivo, y las personas incapaces de pagar pueden solicitar un plan o una .
Preocupa a:: Las personas convictas que deban pagar adquisición, instalación y mantenimiento, y quienes estén sujetas a captura y transmisión de imágenes. DTOP, la Comisión y ASSMCA asumirán nuevas tareas de administración, supervisión y evaluación.
Quién paga o decide:: La persona convicta paga el dispositivo y su mantenimiento, salvo plan de pagos o total o parcial que autorice el Tribunal por incapacidad económica. El Tribunal decide si ordena el dispositivo en primera infracción; la Comisión certifica proveedores, DTOP los audita y sanciona, y las tres agencias adoptan conjuntos. El proyecto no asigna fondos específicos.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

La comisión sustituyó el requisito compulsorio en primera infracción por la facultad discrecional del Tribunal y amplió de cinco días a diez días laborables el plazo para presentar evidencia de instalación.

En qué va

La Cámara aprobó la medida el 15 de octubre de 2026 y la envió al Senado. El 19 de octubre tuvo primera lectura en el Senado y fue referida a comisión; aún no ha sido aprobada por ese cuerpo.

Generado por IA · puede contener errores y los argumentos a favor/en contra son posibles puntos de debate, no una postura oficial. Verifica con el texto oficial.

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Trámite legislativo

Última acción · 19 de octubre de 2026

Referido a Comisión(es)

Termómetro ciudadano

Ciudadanía (reacciones en LegislaPR)Aún nadie ha reaccionado

Legisladores, en votaciones por nombre

A favor: 48 (91%)En contra: 4 (8%)Ausente: 1 (2%)

La lectura de coincidencia compara solo a favor vs. en contra de cada lado.

Votación

Cámara · Aprobada

15 de octubre de 2026

48 A favor4 En contra1 Ausente

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A favor (48)

En contra (4)

Ausente (1)

Lebrón Rodríguez, Yashira

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Para enmendar el Artículo 7.04 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de establecer…

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Qué propone

Pros

•Para una primera infracción, el Artículo 7.04 no contemplaba el interbloqueo; ahora el Tribunal puede condicionar a él la licencia restringida por al menos 180 días. Cuando lo ordene, añade una barrera física que antes no alcanzaba a esa categoría de infractores.
•Cuando se ordena el dispositivo en primera infracción, debe captar visualmente al usuario en cada prueba; para segunda convicción debe permitir verificar identidad por foto o video. Los reportes automáticos de manipulación e incumplimientos se envían al Tribunal, DTOP y ASSMCA, creando información de supervisión que el Artículo 7.04 no exigía.
•La Comisión certifica los dispositivos y proveedores, y el DTOP audita a los proveedores y puede imponer medidas correctivas, multas, suspensiones o revocar autorizaciones. Esto establece responsabilidades y consecuencias administrativas específicas para supervisar el servicio.
•Si el Tribunal determina que la persona convicta no puede pagar, puede autorizar un plan o eximirla total o parcialmente de adquisición, instalación y mantenimiento, una opción que el Artículo 7.04 no ofrecía para estos costos.

Contras

•En primera infracción, el dispositivo no es obligatorio: queda a discreción del Tribunal y el texto no fija criterios para decidir cuándo ordenarlo. Personas en situaciones similares podrían recibir condiciones distintas, y el cambio no garantiza que todos los infractores primarios queden sujetos al interbloqueo.
•La persona convicta paga el dispositivo y su mantenimiento, salvo que el Tribunal conceda alivio. La medida no establece criterios concretos para determinar incapacidad económica ni asigna fondos para cubrir los costos cuando haya , por lo que la posibilidad práctica de cumplir puede depender de decisiones judiciales y de la capacidad de pago.
•La ley exige capturar imágenes durante las pruebas y transmitir información de incumplimientos y otros eventos a tres entidades, pero no fija límites de retención, acceso, uso secundario ni medidas mínimas de seguridad de esos datos visuales y electrónicos.
•El DTOP respaldó la medida, pero advirtió que habría que evaluar recursos presupuestarios para sostener la infraestructura administrativa. El proyecto le asigna auditorías, supervisión operacional y ejecución de trámites de licencias sin asignar una partida específica.

Intereses en juego

Beneficia a:: Las agencias reciben reportes y facultades de supervisión; los proveedores que obtengan certificación pueden participar en el programa. También puede beneficiarse la seguridad vial cuando el Tribunal ordene el dispositivo, y las personas incapaces de pagar pueden solicitar un plan o una .
Preocupa a:: Las personas convictas que deban pagar adquisición, instalación y mantenimiento, y quienes estén sujetas a captura y transmisión de imágenes. DTOP, la Comisión y ASSMCA asumirán nuevas tareas de administración, supervisión y evaluación.
Quién paga o decide:: La persona convicta paga el dispositivo y su mantenimiento, salvo plan de pagos o total o parcial que autorice el Tribunal por incapacidad económica. El Tribunal decide si ordena el dispositivo en primera infracción; la Comisión certifica proveedores, DTOP los audita y sanciona, y las tres agencias adoptan conjuntos. El proyecto no asigna fondos específicos.

Qué cambió en comisiónsegún el entirillado del informe

En qué va

La Cámara aprobó la medida el 15 de octubre de 2026 y la envió al Senado. El 19 de octubre tuvo primera lectura en el Senado y fue referida a comisión; aún no ha sido aprobada por ese cuerpo.

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