Para añadir un inciso (g) al Artículo 7.04 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de disponer que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas a toda persona que resulte convicta por manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas, establecer que dicha prohibición se refleje de forma visible en la licencia de conducir o identificación oficial por términos de seis (6) meses, tres (3) años o cinco (5) años, según la convicción, y establecer penalidades a la persona que adquiera, reciba o posea bebidas alcohólicas durante el término de dicha prohibición; enmendar las Secciones 5050.15 y 6042.14 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”, para requerir la verificación de identificación en toda venta de bebidas alcohólicas y establecer penalidades al comercio que venda bebidas alcohólicas sin verificar la licencia o identificación oficial o a personas cuya identificación refleje una prohibición de venta; y para otros fines relacionados.

Para establecer la "Ley para hacer Justicia a las Víctimas de Conductores bajo estado de Embriaguez y otras Sustancias Controladas", enmendar el Artículo 2, de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, conocida como "Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba", a los fines de imponer la sentencia de reclusión en todo caso de delito grave y todo caso de delito menos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción en la que una persona sea convicta como consecuencia de la violación a lo dispuesto en los Artículos 7.01, 7.02 o 7.03 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", y que cause grave daño corporal o la muerte a otro ser humano, sujeta a las disposiciones establecidas en el Artículo 7.06 de dicha Ley.

La medida enmienda el Artículo 2 de la Ley Núm. 259 de 1946, conocida como 'Ley de Sentencia Suspendida y Libertad a Prueba'. Su propósito es imponer obligatoriamente la sentencia de reclusión en casos de delitos graves y delitos menos graves relacionados con la conducción bajo la influencia de alcohol o sustancias controladas (Artículos 7.01, 7.02, 7.03 de la Ley 22-2000) cuando estos actos resulten en grave daño corporal o la muerte de otra persona. Esto elimina la discreción judicial para conceder sentencia suspendida o libertad a prueba en estas circunstancias específicas y graves.

Para enmendar los artículos 1.111-A, 2.14, 5.06, 10.15 y 10.16 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como la "Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico", a los fines de actualizar las normativas relacionadas con el uso de vehículos todo terreno, modificar el procedimiento de renovación de marbete de las motocicletas, y la prohibición de actividades peligrosas como las carreras y maniobras en las vías públicas; y para otros fines relacionados.

Esta medida enmienda la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (Ley 22-2000) para actualizar normativas sobre vehículos todo terreno (ATVs), modificar el proceso de renovación de marbetes para motocicletas y prohibir explícitamente actividades peligrosas como carreras y maniobras en vías públicas. Busca dotar a las autoridades de herramientas para mejorar la seguridad vial y el orden público, afectando a propietarios de ATVs, motociclistas y al público en general.

Para enmendar el Artículo 7.06 de la Ley 22-2000, según enmendada, conocida como “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico” para aclarar su propósito y alcance; y para otros fines relacionados.

El Proyecto de la Cámara 342 enmienda el Artículo 7.06 de la Ley 22-2000, conocida como Ley de Vehículos y Tránsito. Su propósito es clarificar que la pena de reclusión en la cárcel, establecida en el Artículo 49 del Código Penal, se aplicará a conductores que causen la muerte de otra persona bajo los efectos de bebidas embriagantes, drogas o sustancias controladas. La medida busca específicamente limitar la discreción judicial para que no se conceda el beneficio de restricción domiciliaria (Artículo 50 del Código Penal) en estos casos, definiendo la conducta como aquella cometida por un conductor ebrio o bajo influencia con total omisión de prudencia y cuidado.