RCC 188

Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, realice todas las gestiones necesarias y pertinentes a los fines de que…

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Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, realice todas las gestiones necesarias y pertinentes a los fines de que se reviertan los beneficios de seguridad y protección provistos a la exgobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, por razón de su admisión de culpabilidad ante el Tribunal Federal de Distrito en cuanto a violaciones de la Ley Federal de Campañas Electorales; y para otros fines relacionados.

Medida·Cámara·Sesión 2025-2028

Recorrido

RadicadaEn comisiónRechazada

Resumen de la medida

Qué propone

Es una resolución conjunta: no ni una ley. Su Sección 1 ordena al Superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, realizar las gestiones necesarias para retirar los beneficios de seguridad y protección de una persona específica, la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, por su admisión de culpabilidad ante el tribunal federal por violaciones a la Ley Federal de Campañas Electorales. No establece criterios generales ni un procedimiento para retirar escoltas a otros exfuncionarios. La Sección 2 dispone que entraría en vigor inmediatamente después de aprobarse; la Comisión informó que la Policía ya había las escoltas mediante una orden administrativa del 17 de marzo de 2026.

Contras

•La resolución dirige una orden legislativa al Superintendente para retirar el beneficio a una persona identificada, en vez de establecer una regla general. El Departamento de Justicia advirtió que eso puede interferir con funciones del Poder Ejecutivo y plantear un conflicto de separación de poderes. La Policía dijo que no endosaba ni rechazaba la medida, pero sostuvo que cualquier cambio debía hacerse mediante legislación expresa y que, bajo el marco y el precedente judicial citado en su memorial, no podía retirar el beneficio unilateralmente.
•El texto ordena retirar el beneficio sin describir notificación, oportunidad de ser oída ni otro procedimiento para impugnar la decisión. Justicia advirtió que, al tratarse de un beneficio reconocido como derecho de naturaleza propietaria, eliminarlo sin garantías procesales podría violar el debido proceso de ley.

Intereses en juego

Beneficia a:: La Policía y, potencialmente, la ciudadanía podrían beneficiarse si dejaran de destinar recursos a la protección de la exgobernadora; la resolución no ordena reasignar esos recursos. Además, la Comisión informó que las escoltas ya se habían administrativamente en marzo de 2026, por lo que la medida no añadiría ese efecto práctico.
Preocupa a:: La exgobernadora perdería el beneficio y podría impugnar su eliminación; también preocupa al Poder Ejecutivo que la Asamblea le ordene actuar en un caso individual, y a quienes defienden que la decisión incluya garantías de debido proceso.
Quién paga o decide:: El servicio de escolta se presta con recursos públicos de la Policía. La Asamblea ordenaría la actuación mediante la resolución y el Superintendente tendría que ejecutarla; el texto no fija un costo ni dispone qué se haría con los recursos que dejaran de usarse.

En qué va

Fue el 28 de agosto de 2025 y referida a comisión el 4 de septiembre; tuvo el 16 de octubre de 2025. La comisión se reunió el 15 de octubre de 2026 y el 16 de octubre no recomendó aprobarla; la medida figura como . La Comisión informó que la Policía había las escoltas mediante una orden administrativa del 17 de marzo de 2026.

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Trámite legislativo

Última acción · 16 de octubre de 2026

Comisión no recomienda aprobación de la medida

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