Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a establecer un periodo de amnistía de sesenta (60) días para la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales, legales, heredadas, pertenecientes a personas fallecidas, o con licencias vencidas; establecer mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir su impacto real sobre la seguridad pública; disponer para la publicidad; presentación de informes; establecer que no se procesarán criminalmente a las personas que entreguen armas de fuego; y para otros fines relacionados.

Para enmendar el Artículo 7.22 de la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”, a los fines de establecer una nueva amnistía general por sesenta (60) días; autorizar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a decretar administrativamente una extensión por un periodo adicional de treinta (30) días; establecer mecanismos claros de recopilación, análisis y divulgación de datos que permitan medir su impacto real sobre la seguridad pública; establecer la responsabilidad investigativa de la Policía y del Instituto de Ciencias Forenses (ICF); y para otros fines relacionados.

Establecer una nueva amnistía general de armas de fuego y municiones por un periodo de sesenta (60) días, con la posibilidad de una extensión administrativa de treinta (30) días por parte del Superintendente de la Policía. La medida busca que personas que posean armas ilegalmente puedan entregarlas sin enfrentar cargos criminales. Además, impone la obligación de recopilar, analizar y divulgar datos sobre el impacto de la amnistía en la seguridad pública, y asigna a la Policía y al Instituto de Ciencias Forenses la responsabilidad de investigar la procedencia de las armas recuperadas.

Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre el manejo y distribución de los recaudos generados por concepto de licencias y multas relacionadas con el Negociado de la Policía de Puerto Rico conforme a lo dispuesto en la Ley 168-2019, según enmendada, conocida como “Ley de Armas de Puerto Rico de 2020”; examinar posibles medidas para optimizar su utilización; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución ordena a la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes a realizar una investigación exhaustiva sobre cómo el Negociado de la Policía de Puerto Rico maneja y distribuye los fondos recaudados por concepto de licencias y multas bajo la Ley 168-2019 (Ley de Armas). El objetivo es evaluar su uso actual, identificar alternativas para optimizar la utilización de estos recursos y proponer mejoras en el servicio y rapidez del proceso de expedición de licencias de armas. La investigación debe concluir con un informe y recomendaciones en un plazo de 180 días.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a realizar las gestiones administrativas necesarias para dotar a los Inspectores de Pesas y Medidas con armas de fuego oficiales provistas por dicha agencia, y a realizar los convenios pertinentes con la Policía de Puerto Rico o con agencias federales de ley y orden, para el recibo de donaciones de armas de fuego destinadas ser asignadas para el uso oficial por parte de dichos Inspectores; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) a tomar medidas administrativas para proveer a los Inspectores de Pesas y Medidas con armas de fuego oficiales, bajo la custodia y reglamentación de la agencia. También autoriza al Secretario a establecer convenios con la Policía de Puerto Rico o agencias federales para recibir donaciones de armas de fuego o equipo relacionado, con el fin de estandarizar y mejorar el control sobre el armamento utilizado por estos funcionarios en el desempeño de sus funciones como agentes del orden público.