Para ordenar al Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, realice todas las gestiones necesarias y pertinentes para que evalúe una posible acción de recobro o restitución de los fondos públicos que se asignaron a los beneficios de seguridad y protección provistos a la exfuncionaria, Wanda Vázquez Garced, hoy eliminados en virtud de opinión emitida por este mismo departamento a raíz de la controversia sobre la facultad por parte de la Policía de Puerto Rico a tales fines por razón de la admisión de culpabilidad por la exfuncionaria desde el 27 de agosto de 2025 ante el Tribunal Federal de Distrito en cuanto a violaciones de la Ley Federal de Campañas Electorales; así como se determine la responsabilidad, si alguna, de los funcionarios a cargo de mantenerlos o eliminarlos en este caso; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, Joseph González Falcón, realice todas las gestiones necesarias y pertinentes a los fines de que se reviertan los beneficios de seguridad y protección provistos a la exgobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, por razón de su admisión de culpabilidad ante el Tribunal Federal de Distrito en cuanto a violaciones de la Ley Federal de Campañas Electorales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a revocar los beneficios de seguridad y protección (escoltas y vehículos) que actualmente se le proveen a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. La medida se fundamenta en su admisión de culpabilidad ante el Tribunal Federal por violaciones a la Ley Federal de Campañas Electorales. Afecta directamente a la exgobernadora al cesar estos servicios y al Superintendente de la Policía al imponerle la obligación de ejecutarlos.

Para expresar a nombre del Pueblo de Puerto Rico, el más enérgico rechazo al indulto completo e incondicional concedido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, a la exgobernadora de Puerto Rico Wanda Vázquez Garced.

Esta Resolución Concurrente (R. Conc. de la C. 33) expresa el rechazo de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en nombre del pueblo, al indulto completo e incondicional concedido por el Presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. La medida ordena el envío de copias de esta resolución al Presidente de los Estados Unidos, al Presidente del Senado de los Estados Unidos y al Presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. No crea derechos ni obligaciones legales, ni asigna fondos.

Para ordenar al Departamento de Justicia de Puerto Rico iniciar una investigación exhaustiva sobre las operaciones de LUMA Energy, LLC (LUMA), en el municipio de Orocovis, ante posibles actos de sabotaje, negligencia crasa o represalias que pudieran constituir una violación del Código Penal de Puerto Rico, la Ley 57-2014, y diversas leyes federales que protegen la infraestructura crítica y los derechos civiles.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Justicia de Puerto Rico a iniciar una investigación exhaustiva sobre las operaciones de LUMA Energy, LLC en Orocovis. Busca determinar si ha habido actos de sabotaje, negligencia crasa o represalias que violen leyes locales (Código Penal, Ley 57-2014) y federales. La Secretaria de Justicia deberá presentar un informe preliminar en un plazo de 90 días tras la aprobación de la medida.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico, según facultado por la Ley Núm. 230, de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” y la Ley Núm. 38-2017, según enmendada conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, revisar y aumentar en un diez por ciento (10%) las tarifas de dieta y millaje, que se pagan a los funcionarios públicos que utilizan sus vehículos para cumplir con gestiones oficiales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Hacienda a revisar y aumentar en un diez por ciento (10%) las tarifas de dieta y millaje que se pagan a los funcionarios públicos que utilizan sus vehículos personales para gestiones oficiales. Se basa en las facultades otorgadas por la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico (Ley 230-1974) y la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (Ley 38-2017). Afecta directamente a los empleados públicos que incurren en estos gastos y al presupuesto gubernamental que cubre estas compensaciones.

Para ordenar al Negociado de la Policía, el Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, que realicen en conjunto un ciclo de orientaciones a los padres, madres o encargados de los estudiantes del sistema público de enseñanza y al público en general, sobre los riesgos de subir fotos de los menores en las redes sociales.

Esta Resolución Conjunta ordena a la Policía de Puerto Rico, al Departamento de Educación y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) a colaborar en un ciclo de orientaciones dirigidas a padres, madres o encargados de estudiantes del sistema público y al público en general. El objetivo es educar sobre los riesgos y consecuencias de publicar fotos de menores en redes sociales. Las agencias tienen 90 días para coordinar y 120 días adicionales para cumplir con las orientaciones tras la aprobación. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) deben identificar y garantizar los fondos necesarios anualmente. Las agencias también pueden formalizar acuerdos de colaboración con otras entidades y buscar financiamiento externo.