Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico, según facultado por la Ley Núm. 230, de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico” y la Ley Núm. 38-2017, según enmendada conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”, revisar y aumentar en un diez por ciento (10%) las tarifas de dieta y millaje, que se pagan a los funcionarios públicos que utilizan sus vehículos para cumplir con gestiones oficiales; y para otros fines relacionados.

Para ordenar al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio a la gasolina y al “diesel oil” establecido en los incisos (1) y (3) del apartado (a) de la Sección 3020.06 de la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como “Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico”, durante el periodo de cuarenta y cinco (45) días a partir de la aprobación de esta Resolución Conjunta; ordenar a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a implementar, en coordinación con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, las medidas de reducción de gastos necesarias para garantizar la neutralidad fiscal de esta Resolución Conjunta, incluyendo ajustes en nómina de empleados de confianza, gastos publicitarios y servicios profesionales, y reasignar los fondos necesarios provenientes de sobrantes de nómina, a los fines de alcanzar veinticinco (25) millones de dólares para sufragar la suspensión del arbitrio; disponer sobre los márgenes de ganancia bruta en todos los niveles de distribución y mercadeo en la venta de gasolina, gas licuado de petróleo y diésel mientras dure la suspensión del arbitrio, y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda suspender temporalmente el arbitrio sobre la gasolina y el diésel por un período de 45 días, con un tope de $25 millones en la exención. La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) deberá reasignar fondos de sobrantes de nómina y recortar gastos (empleados de confianza, publicidad, servicios profesionales) para garantizar la neutralidad fiscal. Además, se prohíbe el aumento de márgenes de ganancia bruta en la cadena de distribución de combustibles durante este período, afectando a importadores, fabricantes, distribuidores, detallistas y, en última instancia, a los consumidores.

Para ordenar al Departamento de Hacienda del Gobierno de Puerto Rico la preparación y publicación anual de un Informe de Gasto Tributario Municipal comenzando con el año 2025, que incluya el examen del impacto que las distintas excepciones, exenciones, créditos, deducciones, exclusiones y tasas preferenciales creadas por legislación del Gobierno Central y municipal tienen sobre los recaudos municipales, su base imponible, su estabilidad fiscal y sobre su capacidad para prestar servicios esenciales; y para otros fines relacionados.

Esta Resolución Conjunta ordena al Departamento de Hacienda a preparar y publicar anualmente, a partir del año fiscal 2025, un Informe de Gasto Tributario Municipal. Este informe examinará el impacto de las exenciones, créditos, deducciones y tasas preferenciales (tanto del gobierno central como municipales) sobre los ingresos, la base imponible, la estabilidad fiscal y la capacidad de los municipios para proveer servicios esenciales. El estudio requerirá la colaboración del CRIM, la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes, y la cooperación de todos los municipios y agencias estatales.

Para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda de Puerto Rico a que, emita una Determinación Administrativa para eximir del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los alimentos preparados, por un período de treinta (30) días, como medida de alivio económico ante el inminente cierre del gobierno federal.

Esta Resolución Conjunta ordena al Secretario del Departamento de Hacienda a emitir una Determinación Administrativa para eximir temporalmente del cobro del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), tanto estatal como municipal, a los alimentos preparados. La exención aplicará por un período de treinta (30) días calendario, contados a partir de la emisión de dicha determinación, y busca ofrecer alivio económico ante un posible cierre del gobierno federal. Afecta directamente a los consumidores de alimentos preparados y a los comerciantes que los venden, quienes deberán reportar estas ventas como exentas.